Marco Enríquez-Ominami
Presidente de Fundación Progresa
La Ley de Modernización de la Cancillería contempla la creación de una figura llamativa: la Agencia para la Defensa de Chile o Agencia de la Soberanía, cuyo objeto sería contar con una institucionalidad encargada de defender los intereses de Chile frente a las demandas en los Tribunales Internacionales y “para realizar demandas contra otros países”.
Llama la atención pues constituye un reconocimiento a la hipótesis de que nuestro futuro diplomático se caracterizará por tener litigios permanentes con otros países. A su vez, sugiere que Chile también entrará en la dinámica de judicializar los problemas de política exterior. ¿Acaso el personal de relaciones exteriores, el Consejo de Defensa del Estado y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, además de la figura de la Agencia ad-hoc, no son suficientes para enfrentar las eventuales demandas que podríamos recibir?
El mejor negocio para nuestra política exterior es la búsqueda de integración con nuestros vecinos. Como invertimos tan poco en ella, tenemos que gastar mucho en Defensa y ahora, en abogados, para que en Europa se resuelvan los problemas que nuestra diplomacia no logra prever ni resolver. Es absurdo que cambien los gobiernos, también los de los vecinos, y las diplomacias no logren entenderse. Una mayor integración fronteriza, políticas migratorias conjuntas, infraestructura común, cooperación académica y la profundización de posibilidades colaborativas constituyen la fórmula para sustentar soluciones pacíficas a diferencias históricas, alcanzando los entendimientos anhelados por nuestros pueblos.