PatriciaMorales, Presidenta del partido Progresisita
Pocos habrían anticipado la crisis de confianza entre representantes y representados que vive nuestro país. Nadie hubiese imaginado las vicisitudes del proyecto político que encarna la Nueva Mayoría, así como tampoco la perversidad de la relación entre dinero y política en la derecha.
En el marasmo de los ataques intestinos al interior de estas dos coaliciones, cambios de gabinete múltiples y falta de rumbo de la derecha, se instala una sensación desagradable y persistente: la ausencia de conducción, asociada a la deslegitimidad de nuestro sistema político y parte no menor de los agentes económicos.
Pero vamos por partes. La ausencia de legitimidad social entre los políticos y los chilenos no es nueva. El final de la Concertación en 2009 no fue la expresión de la victoria de las ideas de derecha, sino del rechazo ciudadano a un modelo que abusó de la lógica de la “medida de lo posible”. Modelo que bajo el manto de la superioridad moral que entregaba el haber luchado contra la dictadura, terminó gobernando en los márgenes de un pacto político estrecho, acordado con una derecha conservadora dueña de un discurso difícil de encontrar en países desarrollados. El modelo político en el cual vivimos por 20 años, que extendió la lógica de la guerra fría a más no poder, terminó sacudido por el movimiento estudiantil del 2006, la candidatura de Marco Enríquez-Ominami el 2009 y el estallido social del 2011. Lo que era sentido común en 1991, dejó de serlo en 2011.
Nadie discute lo difícil que puede ser que los actores políticos, económicos y sociales de los últimos 25 años -que hasta ahora han gobernado desde sus espacios de poder respectivos-, asuman la necesidad de reconstruir el pacto social que Chile requiere, con la entrada de nuevos actores, y mayor transparencia y democracia. Pero por lo mismo resulta a estas alturas irresponsable que el gobierno regrese a una línea discursiva más propia de la Concertación y el pacto político que la guiaba, en vez de hacerse cargo del Chile de hoy, con sus fortalezas y debilidades. Los problemas de legitimidad y debilidad institucional se resuelven con más democracia, no con menos. Los problemas de incertidumbre económica también pasan por resolver el dilema constitucional. ¿O alguien cree que un arreglo constitucional, cocinado entre cuatro paredes, similar al impulsado por Ricardo Lagos, gozará de alguna legitimidad social y reducirá los niveles de incertidumbre de los inversionistas?
Es hora de la conducción política. La reactivación económica requiere no sólo de un plan de inversión contracíclico por parte del Estado, sino también hacerse cargo de la crisis de legitimidad de la política. El plebiscito es de los pocos mecanismos que permiten definir cómo redactar una nueva Constitución de manera legítima y participativa. Los conservadores -sean de la Alianza o de la Nueva Mayoría- se equivocan al sugerir que el debate constitucional imposibilita la anhelada reactivación económica. Se trata de un discurso construido desde el miedo, en circunstancia que lo que hoy se debate es el futuro de Chile, desde cómo mejorar nuestros niveles de competitividad, garantizar una economía sustentable, a definir el rol del Estado en salud, educación y sistema previsional. El llamado es a pensar un Nuevo Chile, no desde el miedo, sino desde la conducción, con esperanza, convicción y responsabilidad.