Las principales formas de fomentar el emprendimiento y la innovación tienen que ver con incentivar a la gente a pensar y desarrollar su imaginación. Si a uno le enseñan a repetir lo que el profesor puso en la pizarra, difícilmente aprenderá a pensar en forma independiente o a resolver problemas que no hayan sido resueltos antes. Por eso, aunque suene a discurso políticamente correcto, la madre de todas las batallas en innovación para instalar una cultura de la innovación es la reforma a la educación.
Para promover la innovación y el emprendimiento es necesario nivelar la cancha económica e institucional: eliminar las barreras a la creación de nuevas empresas, facilitar el acceso al capital y al crédito son elementos centrales de una política de innovación. Además el Estado puede ayudar, en el margen, a financiar nuevos proyectos aportando capital o mediante garantías a créditos. Esto significa que el Estado tienen que estar dispuesto a hacer una evaluación y a correr riesgos: 9 de cada 10 emprendimientos nuevos cierran y pierden plata. El que sobrevive generalmente paga las pérdidas de los demás, pero soportar esa tasa de falla requiere de decisión y de liderazgo.
La institucionalidad vigente dificulta que el Estado pueda hacer este tipo de “apuestas”. Una forma de facilitarlas es que el Estado identifique áreas o tipos de proyectos que son de su interés y que van asociados con inversiones públicas y privadas. Un ejemplo de esto son las políticas de clusters que han desarrollado los dos últimos gobiernos.
En otro ámbito en el que el Estado aún tiene mucho por hacer es en facilitar los procesos de creación y formalización de nuevas empresas. Crear una empresa en Nueva Zelandia, por ejemplo, toma entre uno y tres días. En Chile, con suerte, toma un mes. En las propuestas programáticas de nuestra candidatura he propuesto eliminar algunos de los trámites para la formación de nuevas empresas, asumiendo que ese esfuerzo debe ser acompañado de una apuesta seria por el fomento al emprendimiento, lo que, entre otras aristas, requiere superar la presunción de culpabilidad con la que se trata al emprendedor incipiente en Chile.
Estamos proponiendo, por ejemplo, que en la etapa de formación y desarrollo inicial las nuevas empresas no paguen impuestos si no distribuyen utilidades. Además, creo que debemos revisar el sistema de evaluación de riesgo de los bancos para reducir el costo del crédito a empresas nuevas. Por ejemplo, el Banco Estado no abre cuentas corrientes a empresas recién formadas. Sin cuenta corriente, ¿cómo se formaliza una empresa? este tipo de impedimentos deben ser eliminados si vamos a promover el desarrollo nacional y la innovación.
En este contexto las Pymes no solo son importantes porque generan empleo y porque hablar de ellas es “políticamente correcto”, su estructura y flexibilidad inherente les permite innovar y adaptarse con mucha mayor velocidad. Fomentar su desarrollo es también fomentar la innovación y la competitividad.
El resto de las candidaturas, sin embargo, han abordado el tema desde un punto de vista asistencial y lo que requieren las empresas de menor tamaño, que padecen un regulatorio que ha favorecido la concentración y la emergencia de actores gigantes y/o monopólicos en diversos sectores, es una estructura tributaria, regulatoria y financiera que “empareje la cancha” en la que compiten día a día.
Nuestro programa contempla múltiples apoyos específicos para ellas y tenemos una mirada integral del problema, no creemos que se requieran solo medidas sino una política decidida de fomento del emprendimiento, la innovación y la formalización de actividades productivas. Para eso el estado debe ser un facilitador, no un perseguidor.
El otro aspecto clave en la innovación radica en las formas para captar capital para nuevos emprendimientos. Una forma de fortalecer esas instancias es que el Estado participe en ellas en una proporción minoritaria y sin capacidad de decisión. De esta forma los potenciales beneficiarios, es decir los inversionistas, corren la mayor parte del riesgo pero el Estado los “apalanca” y potencialmente participa de las utilidades que se generen. Esto se puede hacer por la vía de aportes directos o garantizando una parte de los aportes de crédito de instituciones financieras. Ambos mecanismos pueden ser objeto de fondos concursables para áreas o proyectos de interés nacional.
En suma, la política tiene la misión de fomentar la innovación. Las condiciones para que ésta se promueva y se incentive dependen de remover viejas estructuras y trabas burocráticas, inyectar recursos ahí dónde pueden dar frutos inesperados, dinamizar una regulación pensada para un modelo productivo ya agotado; pero por sobre todo, se requiere de una inyección de confianza en las personas, su creatividad y su capacidad de encontrar soluciones brillantes para problemas que la burocracia privada y/o estatal tardaría siglos en resolver.
Chile cambió, y como país tenemos que volver a creer en los que se atreven a emprender y a innovar.