El día que esta administración asumió, se planteó como objetivo central una gestión eficiente y basada en la probidad, en la que los cargos públicos fueran ocupados por especialistas de cada área. Esta lógica se replicó en la subsecretaria de deportes (IND), donde se buscó una persona aparentemente de historial intachable y que gozara del respeto público. El elegido fue Gabriel Ruiz Tagle, empresario militante de la UDI y hasta el momento presidente de la SADP Blanco y Negro, quien pasó a dirigir la institución que establece las políticas públicas deportivas de Chile, y por ende, quien determina los criterios para la asignación de recursos.
Lo primero que se tuvo que definir tras el terremoto de febrero de 2010 fue que había que disminuir los aportes estatales al deporte, con lo cual los primeros afectados directos fueron los Juegos Sudamericanos 2014, donde Chile había conseguido ser el país sede. En ese momento las autoridades de gobierno hablaron de unos juegos austeros en que la inversión originalmente presupuestada se reduciría de forma drástica (una menor infraestructura y reparación de estadios históricos), esto con el fin de reasignar los recursos para la reconstrucción, situación claramente entendible dada la magnitud de la catástrofe. No obstante, varios proyectos emblemáticos de la administración Piñera seguían su curso normal.
A más de dos años de aquello, un porcentaje significativo de lo prometido no se ha cumplido, es más, el subsecretario está envuelto hoy en una situación de extrema gravedad según lo publicado por el semanario Cambio 21. La asignación de recursos que dada la realidad de la reconstrucción iban a disminuirse, está siendo definida y direccionada con criterios políticos excluyentes y no técnicos. Entonces, ¿en qué quedó de la promesa de gestión eficiente y probidad, principal caballito de batalla de este gobierno?
Por lógica pura, si lo recursos son más restringidos entonces los estándares de asignación deberían ser aún más rigurosos con el fin de asegurar que los dineros escasos alcancen efectivamente a quienes por variables técnicas lo necesiten con mayor urgencia. Al mismo tiempo debería buscarse que estos proyectos logren la mayor cobertura posible, es decir, que los beneficiados potenciales puedan ser una gran cantidad de ciudadanos y ojala con énfasis en aquellas capas sociales de mayor vulnerabilidad donde el deporte se puede convertir en un motor de transformación y cambio social.
El problema es que el actual subsecretario se olvidó que administra dineros de todos los chilenos y comenzó de manera discrecional a distribuir vía asignación directa (mecanismo del cual puede hacer uso) dinero para proyectos inhabilitados técnicamente, que no cumplían con los estándares mínimos exigidos definidos por el mismo IND. La subsecretaría justifica esto diciendo que son proyectos con “sensibilidad social”. Podríamos conocer la motivación social del empresario Gabriel Ruiz Tagle, el tema es que el mayor porcentaje, por no decir casi la totalidad de las asignaciones, se efectuaron en municipios bajo el gobierno de la derecha y en su mayoría de alcaldes UDI, que curiosamente es el partido donde milita la autoridad de gobierno.
La pregunta que surge es espontánea: ¿Por qué no existen proyectos de un alto impacto social para la comunidad en comunas cuyo gobierno no es de derecha?, ¿la “sensibilidad social”, es propia de los municipios de la derecha? Esto no es más que seguir reproduciendo la lógica de este sector político, la continua y permanente segregación a todo nivel. Podríamos incluso “entender” que en la práctica de la política tradicional es esperable que la autoridad favorezca a aquellos que sostienen una misma ideología pero bajo ningún motivo cuando se entregan dineros públicos a proyectos que no cumplen con la normativa, en ese caso se está atentando contra la esencia misma de la democracia, usando con fines políticos recursos que según lo señaló el mismo gobierno se reducirían con el fin de reorientarlos para efectos de la reconstrucción.
La denuncia efectuada por Cambio 21, como ocurre con muchas malas prácticas de este gobierno, tuvo un impacto mínimo en la opinión pública, lo que no es de extrañar dado que los medios han guardardo un silencio cómplice y absoluto. Bueno, está demás decir que el silencio otorga.
Por último según el Índice 21 de Mayo elaborado por El instituto Libertad y Desarrollo que mide la puesta en marcha y cumplimento de los compromisos anuales de la administración de Piñera, se evalúa con nota 4.6 los avances versus los compromisos de este gobierno en materia de deportes.
La eficiencia, la gestión intachable, la diminución de la burocracia, el gobierno de los mejores, la implementación de procesos de gestión del mundo privado, todas simples declaraciones sin densidad. Tantas falacias de este gobierno, solo es más de lo mismo y con menos acento en lo social, además con mayor lejanía de la población. La derecha ha intentado instrumentalizar el deporte, acceder al poder y convocar a la ciudadanía, dos años después, el resultado es una derrota por goleada.