Columna | El flanco más débil

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Enríquez-Ominami, Marco-Urriola, Rafael

Pese a que educación y delincuencia aparecen como los mayores fracasos del gobierno de Sebastián Piñera, el 70% de la población desaprueba la gestión del sector salud, según Adimark. La crisis no es menor. Se habla de cerrar el Hospital J. J. Aguirre, donde por decenios se prepararon los estudiantes de medicina de la Universidad de Chile. Faltan especialistas en unidades de pacientes críticos, y en zonas extremas se ha debido flexibilizar la contratación de facultativos.

La famosa meta que encomendó el Presidente Ricardo Lagos a la entonces ministra de Salud de terminar con las listas de espera, está aún muy lejos de cumplirse. La población tiene la sensación de que el servicio en establecimientos de atención primaria ha empeorado y que ser derivado a un especialista es prácticamente una lotería. No obstante, señala Jaime Peña, ex presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile, Asemech, el problema es la mala distribución: 44% está en el sector público, para el 80% de la población, mientras que un 56% está en el sector privado, para el 17% de la población.

En el país no faltan especialistas, dice Peña, lo que falta es retención de estos en el sistema público, al igual que de médicos generales. La explosiva creación de escuelas de medicina (públicas y privadas) no ha revertido esta situación. A medida que aumentan los egresados, crece el número de horas médicas en el sistema privado —más del 64% de horas disponibles— sin impacto en el sistema público. Chile fue uno de los pocos países de la OCDE que mantuvieron un fuerte crecimiento en el gasto sanitario desde 2010, tanto público como privado. Pero apenas el 46,9% de los gastos sanitarios fue financiado con recursos públicos en 2011 (en la OCDE, 72,2%). También contribuye a la desigualdad que el 40% del gasto total de salud lo paguen los hogares directamente, y que una parte esencial se destine a medicamentos, cuyos precios y abastecimiento siguen sin ser controlados por la autoridad pública.

En suma, lo que está en el debate no es la incorporación de nuevas escuelas de medicina. Se trata de un concepto del rol del sector público en salud. El concepto mercantilista de los bienes públicos y de los derechos ciudadanos no ha podido resolver ni las necesidades de los pacientes ni la asignación de los recursos humanos. Si se mantienen las interminables listas de espera en atención primaria y si no se integra el sistema de tal modo que generalistas y especialistas estén incluso físicamente conectados (razón por la que nuestro programa de gobierno propuso la desmunicipalización de la salud), no se mejorará el bienestar de la población.

Publicado en La Segunda