Por Marco Enríquez-Ominami
Presidente Fundación Progresa
Miguel Márquez
Director Programa Energía Fundación Progresa
CHILE ES uno de los países más vulnerables y dependientes del orbe en términos energéticos, acorde a parámetros de la International Energy Agency (IEA). En consecuencia, uno de los esfuerzos centrales de las políticas gubernamentales debería ser la disminución de tal condición.
¿Qué propone la agenda de energía al respecto? Una de las medidas que destaca es la compra de gas (GN).
En el entusiasmo del shale gas, la agenda sugiere que la instalación de una nueva o varias plantas y/o compra de gas es una opción. El argumento es su bajo precio, a lo que se suma su relativa rápida instalación y menor contaminación -45% menos de CO2 que el carbón- en la generación de electricidad. Pero en el contexto de una matriz dependiente y vulnerable como la nuestra, tal opción podría aliviar el pago por un tiempo, aun cuando aparentemente también es más cara que otras opciones, como el carbón.
El hecho es que ni la dependencia ni el costo de nuestra matriz disminuirán en el mediano o largo plazo. El que hoy el precio del GN esté a seis u ocho dólares MMBTU no es garantía de que se mantenga en el tiempo; por el contrario, la tendencia en el largo plazo es su constante aumento, por la demanda en sus respectivos mercados y demandas regionales, y por las particularidades de un mercado cuyo precio aparece ligado al valor del crudo a nivel internacional, y éste es volátil.
Las señales que provienen desde Estados Unidos, México, Canadá y en algunos países de la Unión Europea dan cuenta de una creciente oposición a este combustible por los severos impactos ambientales, no todos evaluados, pero suficientes como para que en algunos estados de Estados Unidos sea prohibida la técnica de la fracturación hidráulica utilizada en la obtención del shale gas. La opción de perfeccionar una política de oferta basada en energéticos convencionales, sin una vigorosa política energética que incorpore la demanda, el largo plazo y el medioambiente, es una ruta ya ensayada y fracasada.
Los indicadores más significativos así lo demuestran: deterioro en la intensidad energética, precios de la energía al alza e impacto mayor en los presupuestos familiares y de las pymes, pérdida de competitividad, aumento de la contaminación, etc. Se requiere de una política de oferta que concilie ésta con la eficiencia energética y con un recambio efectivo de nuestra matriz energética. Para que ello suceda, no sólo se debe reformular el sistema marginalista y que el Estado imponga las condiciones en las licitaciones, por ejemplo, sino cambiar las reglas del juego.
Mejor energía se conjuga con acertadas políticas de demanda de energía y luego de oferta de ella. La búsqueda de fuentes de aprovisionamiento de gas no convencional o de crudo de países africanos no es condición suficiente para enfrentar de manera adecuada los desafíos energéticos nacionales, más aún cuando prevalece la incertidumbre en cuanto a la seguridad de suministro y precio. Si la oferta de energía en Chile ha de crecer, ésta se debe basar en los recursos energéticos locales, innovando y privilegiando la aparición de múltiples actores, única vía para cambiar la costosa y persistente situación de vulnerabilidad y dependencia de nuestra matriz energética.