La economía en Chile se sustenta, básicamente, en la explotación de los recursos naturales, donde el modo de producción agrícola que predomina se caracteriza por ser intensivo en el uso del suelo, de agroquímicos y de mano de obra.
Los tratados de Libre Comercio, y los múltiples acuerdos regionales y bilaterales suscritos por nuestro país, han fomentado la producción agrícola de exportación, el control corporativo de las cadenas alimentarias y el mayor uso -y menor control- de los agroquímicos. Los impactos sociales y ambientales provocados por las formas actuales de hacer agricultura, desencadenados por los efectos económicos de estos acuerdos, han sido enormes.
Nuestro distrito 10 no es la excepción en esta preocupante realidad. La producción agrícola regional se destina en un 50% a la exportación, el 32% a mercado interno y el 17% a la agroindustria. En las provincias de Quillota y Petorca el 90% de la producción de paltas se destina a la exportación, concentrando su actividad preferentemente entre los meses de agosto y enero, período que además se caracteriza por una alta demanda de trabajadores de temporada por parte de las empresas exportadoras.
En Chile hay alrededor de 800 mil trabajadores del campo, de los cuales aproximadamente 400 mil son temporeros, y de ellos, cerca de 250 mil son mujeres, en su gran mayoría jefas de hogar. Estudios recientes estiman que el 60% de los trabajadores y trabajadoras de temporada no tienen contrato laboral, lo que se presta para innumerables abusos, como incumplimiento en las fechas de pago, cancelaciones inferiores al salario pactado -o simplemente no pago-, imposiciones previsionales no canceladas y ausencia de beneficios sociales. La informalidad y la desprotección laboral, social y previsional, así como en prevención y cobertura de salud, son pan de todos los días en la vida de los temporeros y temporeras.
Según me han comentado en muchos de mis recorridos, la modalidad de pago preponderante es a trato (fijación de un monto por saco o caja de productos recolectados) y, en general, el salario promedio final es inferior al sueldo mínimo establecido por ley. Este sistema se traduce en jornadas interminables, que en promedio llegan a 16 horas diarias. Las horas extraordinarias y otros beneficios, en esta modalidad de trabajo, no existen.
En la actividad agrícola de exportación, particularmente en la fruticultura, se ha extendido la intermediación de los llamados “contratistas”, que son quienes se encargan de proporcionar la mano de obra temporal que requieren las grandes empresas agrícolas. Ellos reclutan, trasladan y pagan a los trabajadores, en la mayoría de los casos sin contrato laboral. Esto contribuye a diluir las responsabilidades al momento de responder por accidentes del trabajo, acciones ilegales, abusos y daños contra los trabajadores.
Quiero dejar de manifiesto que durante el período que dure mi diputación seré inflexible en demandar respeto para todos y cada uno de los trabajadores del campo. Exigiré respeto de todos los derechos humanos y laborales consagrados en la legislación nacional, así como también los contenidos en convenios internacionales suscritos por Chile; pleno acceso a la salud y previsión social para los trabajadores temporeros agrícolas; y terminar con el sistema de contratistas que fomentan la precariedad laboral y que, además, favorecen la supervivencia de las desigualdades e inequidades económicas y sociales que -una vez más- afectan a los que más necesitan.