En nuestro programa de gobierno, en las pasadas elecciones presidenciales, propusimos un royalty de un 8%, el que podría no sólo limitarse a la minería, sino también a todos los demás recursos naturales. En esos días nadie, que no fuera Nostradamus, podía prever un terremoto. Sigo pensando que es un abuso, por parte de las empresas multinacionales que operan en Chile, el exiguo royalty de 3% que pagan en la actualidad, producto de un pacto leonino, llevado a cabo por el ex presidente Ricardo Lagos, que comprometió al Estado chileno a mantener este tributo invariable durante un período de tiempo.
Estoy en total desacuerdo respecto a cualquier compromiso del Estado con empresas multinacionales que le garanticen, durante decenios, la imposibilidad de aumentar el royalty, a lo cual me opongo tajantemente, pues atropellaría el principio fundamental de que las riquezas naturales pertenecen a los connacionales, y que ningún representante, bajo ningún pretexto, puede enajenarla.
Australia, el país sede de la empresa propietaria de La Escondida, en Chile, BHP, propone, sostiene y promueve impuestos mineros 10 veces más altos que los nuestros sin que ninguna empresa se haya atrevido a oponerse al derecho soberano del Estado, de recaudar impuestos por el deterioro o la extinción de sus materias primas.
En mi programa de gobierno, el 8% que se recaudara por concepto del royalty podría ser destinado a la revolución educacional, a la construcción de, al menos, 8 hospitales y un importante número de consultorios comunales. Si consideramos que Chile es uno de los países más ricos en algunos minerales, el 8% que propongo para los productos mineros, puede convertirse en una medida revolucionaria que no sólo sirva para reconstruir el país, sino también garantice la sustentabilidad de la igualdad en la salud, en la educación y en la vivienda. No abandono ni nos rendimos ante la necesidad de un estado mas eficiente, pero estamos convencidos que una reforma mas justa es posible.
Otro aspecto del desarrollo nacional en que podría tener incidencia un royalty del orden del 8% sería el desarrollo de una descentralización que nos lleve, a mediano plazo, a un federalismo moderado. Además del royalty, podría comenzar a plantearse la idea de exigir, en base a una ley, que un porcentaje importante de la electricidad que utilicen las empresas mineras sea en base a energías renovables no convencionales – solar, geotérmica, eólica y mareo-motriz, entre otras. Hay que aprovechar el debate sobre el royalty para visualizar una nueva forma de desarrollo de nuestras regiones mineras.