“¿Quién dijo miedo?” Es un conmovedor documental, realizado por Katia Lara, basado en el relato de René, un sindicalista hondureño, quien se ve forzado a emigrar a España – como les ocurrió a muchos exiliados chilenos- creyendo que la duración de la dictadura sería muy corta, pero se ve obligado a acogerse al refugio. El régimen brutal de Roberto Micheletti, apoyado por parte del Congreso, las cortes de justicia y, sobretodo, por la oligarquía hondureña – una casta herodiana que vivido siempre del servilismo a los Estados Unidos. El documental muestra, en forma muy verídica, la brutal represión sufrida por ese pueblo.
El 28 de junio de 2009, el presidente democrático Manuel Zelaya fue sacado de su hogar, en pijama, por militares golpistas, asumiendo el poder el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Micheletti. Este quiebre de la democracia fue condenado por instituciones como la OEA, la Comunidad Económica Europea y la mayoría de los países del mundo, incluido el gobierno norteamericano de Barack Obama. El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, se ofreció como mediador llegándose finalmente, al Acuerdo Tegucigalpa-San José.
Tras un largo período asilado en la Embajada de Brasil y mientras seguía la represión y las acusaciones contra el presidente legítimo, el gobierno de facto llamó a elecciones presidenciales – cuestionadas por algunos países de América Latina y del mundo, además de sectores que apoyaban a Manuel Zelaya – donde resultó elegido el candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, y el presidente Zelaya viajó la República Dominicana, donde permanece hasta hoy.
El boicot contra el gobierno autoritario de Honduras, que al comienzo fue unánime, en la actualidad ha ido amainando debido al brusco cambio de posición del gobierno de Barack Obama, quien pactó con los republicanos un reconocimiento al gobierno de Porfirio Lobo a cambio del apoyo de los opositores a algunos proyectos emblemáticos.
Los gobiernos de Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela se niegan, de plano, a reconocer al gobierno actual de honduras mientras no se cumplan todos los puntos del Acuerdo Tegucigalpa-San José y la vuelta del presidente Zelaya a su país.
El gobierno de Lobo ha desplegado una ofensiva diplomática para reintegrar a Honduras a la comunidad internacional y, en este contexto, su principal interés es la reinserción en la OEA. El mismo presidente actual de Honduras reconoce que esta reincorporación es bastante difícil, pues su gobierno cuenta con el rechazo de países tan importantes como Argentina y Brasil.
Mario Barahona, jefe del comité de Relaciones Exteriores del Congreso hondureño, visitó Chile con la misión de conseguir el reconocimiento del gobierno chileno al régimen político de Honduras. Senadores de la Concertación. como Ignacio Walter, Ximena Rincón y Eugenio Tuma, y diputados del gobiernistas, como Juan Manual Edwards y Mónica Zalaquett presionan a sus pares, en el sentido de que el Congreso Nacional chileno apruebe un apoyo irrestricto al gobierno hondureño y a su presidente.
Sería un error del gobierno de Piñera, en materia internacional, apresurarse a apoyar un régimen que surgió de un golpe de Estado militar, cuya legitimidad de origen es bastante discutible y que, por lo demás, cuenta con el rechazo de países amigos – Brasil y Argentina -, fundamentales para nuestras relaciones en el ámbito latinoamericano.
Reconocer al actual gobierno hondureño significaría un retroceso respecto a una política de consolidación de la democracia y de promoción de los derechos humanos. Chile no puede prestarse, bajo ningún pretexto, para bendecir a gobiernos que han surgido de un golpe de Estado y que, en la actualidad continúa reprimiendo a los sectores populares hondureños.
El presidente Zelaya continúa culpando al gobierno y al ejército norteamericano de haber instigado y apoyado el golpe de Estado, intervención con cierto símil al quiebre democrático chileno, otro de los motivos que hace inaceptable el reconocimiento.