Es evidente que el Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) requiere de reformas urgentes, tendientes mejorar el nivel de las pensiones y asegurar una vejez digna a cada profesional. Entre ellas destaca la necesidad de regular y limitar los costos de administración de las AFP, de manera de que estos tengan relación de equidad con los servicios efectivamente prestados.
La emergencia de una nueva crisis social aparece, esta vez, orientada a uno de los pilares del modelo chileno: el Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ellas forman parte de una de las principales reformas económicas implementadas durante el Gobierno Militar, a fines de los años ochenta, siendo sus principales creadores José Piñera y Miguel Kast.
Al instaurar el sistema, los nuevos afiliados se vieron obligados a ingresar a él, pudiendo continuar en el sistema anterior únicamente aquellos trabajadores con 18 años o más de imposiciones, además de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, que sí conservaron su sistema previsional.
Las AFP funcionan en base a planes individuales de ahorro obligatorio, de carácter privado (10% de la renta imponible del trabajador, con un tope de 66 UF). Este sistema considera que la expansión de la inversión financiera permite garantizar la acumulación de capital privado suficiente para asegurar la supervivencia del sistema de capitalización individual.
En su momento, entre los argumentos esgrimidos para modificar el sistema de pensión, se mencionó la necesidad de reducir el gasto público en materia previsional y la necesidad de mejorar el acceso a financiamiento, además de la promesa de garantizar pensiones equivalentes al 70% de las últimas remuneraciones imponibles. Sin embargo, el Estado subsidia, con toda razón, a aquellos trabajadores que no acumulan el fondo mínimo suficiente para pensionarse, al mismo tiempo que las AFP pueden invertir hasta el 80% de sus fondos en instrumentos financieros internacionales, con todos los riesgos que eso conlleva. Ni hablar de las pensiones que representan, en promedio, solo el 25% de los últimos ingresos percibidos por los trabajadores, cifra muy lejana a la prometida.
Pero uno de los aspectos más cuestionado de las AFP dice relación con las comisiones que se cobran por concepto de costo de administración. Ellas suelen ser presentadas de manera engañosa como un porcentaje del ingreso total imponible, en vez de transparentar lo que realmente representan respecto de la cotización obligatoria. En otras palabras, cuánto deja cada afiliado de cotizar, y por lo tanto de acumular en su cuenta, debido al pago de estas comisiones.
Tal como lo señala el estudio de Fundación Progresa, las comisiones cobradas por las AFP representan hoy entre el 14% y el 23% de las cotizaciones obligatorias de cada afiliado, dependiendo de la AFP considerada. Lamentablemente los afiliados no tienen muchos elementos para dimensionar el impacto real de los cobros efectuados por concepto de administración. Estas cifras son particularmente escandalosas considerando que estos costos responden a gastos asociados a publicidad y comercialización. Por otra parte, es el afiliado quien asume el riesgo de la inversión realizada por la AFP, independientemente del cobro efectuado por la administración de sus fondos. Por lo tanto, no existe sanción alguna frente a una mala gestión, excepto cambiar de administradora y asumir la pérdida.
Es evidente que el Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) requiere de reformas urgentes, tendientes mejorar el nivel de las pensiones y asegurar una vejez digna a cada profesional. Entre ellas destaca la necesidad de regular y limitar los costos de administración de las AFP, de manera de que estos tengan relación de equidad con los servicios efectivamente prestados. Por otra parte, resulta impresentable que las AFP no asuman el riesgo financiero de una mala gestión de los fondos de sus afiliados. Por ello, se debe evaluar la posibilidad de que parte de sus utilidades se redistribuyan entre los afiliados en caso de mala gestión.
Las pensiones constituyen, junto a la salud y la educación, derechos fundamentales que afectan directamente el nivel y calidad de vida de los ciudadanos. En un contexto de fuertes demandas sociales, el Gobierno y los Parlamentarios deben cuanto antes trabajar en una reforma que apunte a garantizar pensiones justas y dignas, sin esperar que este problema emerja como una nueva crisis social.
Fuente: ElMostrador.cl