Por Dra. Oriele Núñez.
Consejera Federal Progresista y Directora del Programa de Salud de la Fundación Progresa.
Una historia de conquistas sociales se ha ido desmoronando frente a nuestros ojos, cuántas vidas, cuantas miradas, cuantas acciones desdibujadas por éste oscurantismo neoliberal.
Hoy en día, hablar de derechos humanos, de dignidad, de seguridad social es sinónimo de rebeldía constante. Comparar cuánto hemos retrocedido son parte del análisis porfiado por recuperar ésta conciencia y espacio social y popular perdido entre el individualismo y la desigualdad.
Desde mucho antes de Alma Ata de 1978, se gestaba en Chile la necesidad de un sistema de salud territorial de la mano con una seguridad social como derecho humano.
En el siglo XIX ante soluciones basadas en la caridad a las innumerables carencias del pueblo en materia de salud, de pensiones, de vivienda, de trabajo, de alimentación, se constituyó una respuesta de movilización y organización social, popular, territorial y autónoma bajo principios de solidaridad, dignidad y humanismo.
Convergían el pueblo trabajador, las mujeres, los artesanos conformando las sociedades de socorro mutuo, cómo “acto consiente de autonomía social organizativa” (María A. Illanes Oliva), se trataba de una forma de organización popular que, a través del ahorro social de sus afiliados, garantizaba un sistema de seguridad social ante situaciones de cesantía, muerte, enfermedad o desamparo de asociados/as y sus familias.
El problema de un@, era de tod@s, así se enfrentaba la enfermedad, la muerte, la viudez. Médicos como Eloísa Díaz, Manuel Calvo Mackenna, Francisco Landa prestaban atenciones médicas a las Sociedades de Socorro Mutuo (SSM) cobrando precios mínimos. “Cuando un socio cae enfermo, las sociedades no omiten ningún género de sacrificios para aliviar la situación de ese compañero. La Sociedad le da de todo: médicos, botica, una modesta pensión para la dieta y si fallece, sepultura decente, acompañando sus despojos hasta la última morada por todos sus compañeros y esos mismos compañeros entregan a la familia el fallecido algún dinero para sus necesidades”(Conferencia en la SM “Igualdad y trabajo” 10 de enero 1894).
Para 1912 llegaban a 91.609 miembros de la SSM y por más de 50 años serían alternativa a la caridad privada. Alrededor de 1900 se produce un vuelco ideológico, ampliando los objetivos sociales de la organización, más allá de la seguridad social, para mejorar condiciones de trabajo, horarios y remuneraciones entre otros.
No obstante, será la caridad privada la respuesta del sistema sanitario en Chile, a pesar de las organizaciones y declaraciones de cambios planteadas por el cuerpo médico. Tras años de epidemias de viruela, cólera, hambrunas y con un elevado número de muertes en el país la caridad privada se ve sobrepasada, planteándose que el “Estado debe atender a todas las necesidades públicas”. En agosto 1887 por decreto comienza la política de vacunación obligatoria, la construcción de desagües y de tratamientos hospitalarios, se crea la Facultad de Medicina con importantes hitos en materia de políticas sanitarias.
Para los años ´20 aparecen las ideas de centros de atención primaria de salud por Bertrand Dawson en Gran Bretaña. En Chile, en 1925 comienza la atención ambulatoria hacia la población con actividades de promoción y prevención además de lo curativo, junto con la aplicación de la gota de leche para la niñez.
Con la creación en 1952 del Servicio Nacional de Salud se consolida la integración del sistema de salud y nace la Medicatura General de Zona en 1955 para dar cobertura a zonas rurales, conformando “equipos de salud” de profesionales con enfoque sanitario ambulatorio, resolutivo e integrado por cuanto los médicos/as trabajaban en consultorio urbano y a la vez se desempeñaban en un servicio hospitalario. También se crea la Sociedad Constructora de Hospitales dotada de profesionales con conocimiento y análisis sanitario-epidemiológico, muy diferente a la realidad actual donde priman las ganancias financieras por encima del bien de la población.
Sin duda, la creación y consolidación del Sistema Nacional de Salud es la expresión institucional del estado de un sistema de salud basado en la solidaridad y el derecho a la salud, desplazando completamente a la caridad privada. Durante el gobierno de Salvador Allende crece la Atención Primaria de Salud en Chile con presencia en el territorio nacional, atendiendo poblaciones con distintas realidades epidemiológicas, demográficas, socioeconómicas, culturales, geográficas, urbanas y rurales. Aumentaron las horas de atención.
A través de Laboratorio Chile se enfrenta la escasez de medicamentos; estudiantes de las carreras de la salud serán protagonistas al incorporarse al servicio hospitalario en verano o a tareas auxiliares en consultorios, en definitiva, se avanzaba en la transformación estructural para consolidar la salud como derecho humano garantizado por el Estado.
En dictadura se impuso un cambio en el modelo de sociedad con nueva Constitución y nuevas políticas de salud, asumiendo el Estado un rol subsidiario con un giro creciente hacia la privatización de la salud. Desaparece el Servicio Nacional de Salud, se traspasan los centros de Atención Primaria de Salud a los Municipios, se desintegra el sistema entre los niveles de atención y que, junto al déficit presupuestario y deterioro de la infraestructura pública de salud se transforman en obstáculo para el desempeño de la red asistencial y de la conducción sanitaria del país.
Desde el retorno a la democracia en nuestro país en 1990, intentó reconstruir la infraestructura y levantar la capacidad resolutiva del Sistema Público de Salud buscando mejorar el acceso, la oportunidad, equidad y calidad en la atención de salud, no obstante, durante el gobierno del ex Pdte. Ricardo Lagos, comienza una reforma en salud con desfinanciamiento progresivo y sostenido del escaso sistema público, a través de la compra de prestaciones al sector privado a un costo elevado. Implementa la ley GES con lo que se institucionaliza la compra de prestaciones al sistema privado. La Construcción de Hospitales Públicos se deja en manos de la modalidad de concesiones hospitalarias, donde bajo la lógica del mercado se subasta la atención de salud de las personas, con el único fin de la ganancia financiera de grandes grupos económicos privados. Es decir, es la expresión del enriquecimiento desmedido a costa de la seguridad social de toda la población chilena.
Actualmente existen dos subsistemas de salud en Chile: el sistema público de salud, representado por el Fondo Nacional de Salud (FONASA) responsable del 79 % del total de la población en Chile, y el sistema privado, representado por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE). El 95 % del financiamiento de FONASA corresponde a la suma de aportes del Estado y las cotizaciones de afiliados(as), manteniendo vestigios de las sociedades de socorro mutuo en su principio solidario. Por otra parte, nuestro país ha presentado un aumento sostenido del Gasto Total de Salud (GTS), pero con una distribución desigual entre gasto público-privado, con menor gasto público de salud. Es decir, actualmente se desvían ingresos institucionalmente desde el fondo solidario del sector público al privado de salud.
Se pretende instalar un Fonasa Plus, esto es que, cada integrante de Fonasa podría pagar individualmente por un plan de salud según su capacidad de pago, con lo que quedaría sepultado cualquier vestigio de solidaridad de nuestra historia sanitaria en la seguridad social.
Chile, un país en lista de espera, no solamente necesita dar solución al millón ochocientos mil personas que a diciembre del 2018 se encuentran en lista de espera, sino que también es imperativo retomar la agenda y visión de ese pueblo unido que garantizaba con la solidaridad la atención en la enfermedad, acompañamiento en el desamparo y una muerte con dignidad. Es imperativo retomar el desarrollo un sistema de salud integrado, universal, de calidad y financiado a través de impuestos generales, donde la enfermedad de un@ sea problema de tod@s.
L@s progresistas estamos por fortalecer el sistema público de salud que garantice el buen vivir.