Camilo Lagos Miranda,
Economista
EL ACUERDO
El miércoles 27 de diciembre, se dio a conocer el Memorándum de Entendimiento entre CODELCO y SQM, en el que se anunció un acuerdo inédito para el país. La estatal entrará al negocio del Litio en sociedad con SQM. Y lo hará, ni más ni menos, que en el Salar de Atacama. Salar reconocido como una de las mayores reservas de Litio en salmuera del mundo, y de mayores concentraciones del preciado mineral.
Lo anterior ha sido celebrado por una parte importante del arco político-económico. Para unos, se celebra que el Estado recupere rol en el sector minero, entrando con una participación de 50% (más una acción) a la producción del litio en el Salar de Atacama. La “nacionalización del Litio” se han aventurado a decir los más entusiastas. Para otros, se celebra el fin de la “incertidumbre” reflejada en la “inacción” del Estado frente a la creciente proliferación de proyectos mineros de litio en el mundo, y la amenaza de quedarnos atrás en ese mercado creciente ante la inminente arremetida de países como Australia y China. En este sentido, la urgencia del panorama llevó a que políticos y analistas celebraran el acuerdo entre SQM y el Estado- “un win-win” señalan algunos- dada la experiencia probada de la empresa en la extracción del oro blanco, lo que la llevó a concentrar las operaciones en el salar más importante del mundo.
Cabe recordar que en nuestra legislación, el Litio es un mineral no concesible, y que sólo puede ser producido por el Estado, o por mandato de él. En el caso del Salar de Atacama, CORFO tiene concesiones de litio de antes de la entrada en vigor de la no concesibilidad en 1979, y mantiene actualmente dos contratos de arriendo para la explotación de litio (y otros materiales), uno con SQM, que vence el 2030 y otro con Albermale hasta 2043.
En abril de este año, el Presidente Boric anunció la Estrategia Nacional del Litio, y mandató a CODELCO para buscar la mejor opción que, a través de una alianza público-privada, diera continuidad a la explotación del Salar de Atacama, una vez terminado el contrato de SQM con CORFO el 2030. Es en este contexto que CODELCO privilegió una negociación directa con SQM, en vez de abrir una licitación internacional o negociaciones directas con otras empresas, cuestionamiento que le expresaron de manera transversal los parlamentarios en el Congreso al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. En esta negociación con SQM se estableció finalmente conformar una asociación público-privada para el desarrollo de actividades productivas y comerciales en el Salar de Atacama, entre el 2025 y 2060, con una participación en esta nueva sociedad de 50% más una acción para CODELCO y de un 50% menos una acción para SQM.
Se acordó, además, que esta nueva empresa pública-privada (CODELCO-SQM), producirá entre los años 2031 y 2060 entre 280.000 ton y 300.000 toneladas anuales de carbonato de lito (LCE). Es decir, una producción de 9.000.000 de ton. de LCE. por 30 años. Solo para entender la magnitud y la dimensión de lo pactado: si consideramos que el costo de producción en el Salar de Atacama bordea los USD 3.500 ton de LCE, y un precio promedio de largo plazo del LCE se ubica en USD 20.000 por ton, este acuerdo nos arrojaría rentas brutas por USD 148.500 millones en los 30 años de administración del Salar de Atacama por la nueva empresa. Más que lo aportado, en 50 años de nacionalización del cobre, por CODELCO al Estado (USD 110.000 millones).
Por otra parte, el contrato estableció que para el período contemplado entre los años 2025 al 2030, período en que se mantiene en vigencia el actual contrato de CORFO con SQM, la empresa entregará a CODELCO las utilidades de comercializar anualmente 33.500 ton de LCE, es decir, 201.000 ton para el período 2025-2030. Recursos frescos que han sido celebrados por las autoridades del país. Sin embargo, y para concretar todo lo anterior, CODELCO deberá obtener de CORFO un aumento de 300.000 ton de LCE en la cuota de producción actualmente autorizada para SQM, para ser producidas antes del término del contrato el 2030[1]. De estas 300.000 ton de LCE, señala el acuerdo, 165.000 ton. están ya consideradas en el plan de producción de SQM (o sea, las utilidades de comercialización serán para SQM) y las restantes 135.000 ton, en caso de alcanzar a producirse antes del 31 de diciembre del 2030, el beneficio de comercializarlas será de 50-50% entre CODELCO y SQM. Así SQM recibiría utilidades por un total de 232.500 ton.
Como se aprecia, el Estado recibirá en este primer período 2025-2030, recursos frescos por la venta de 201.000 ton de LCE, pero deberá aportar la autorización para producir 300.000 ton LCE adicionales. Es decir, para SQM es negocio redondo, porque le entregará al Estado las utilidades de vender 201.000 ton LCE, pero recibirá a cambio las utilidades de vender 232.500 ton. Es decir, SQM se queda con un saldo positivo de 31.500 ton por firmar un contrato en que, además, se hace dueño por 50% por 30 años de la explotación del Salar de Atacama.
EL COSTO DEL ACUERDO
¿Ha sido este un buen acuerdo?
Por un lado, el Estado se ha asegurado el 50% de las utilidades de la explotación del Litio en el Salar de Atacama por 30 años (2030-2060), y el control accionario de la empresa mixta que formarán con SQM, y que estará a cargo de la producción de 9 millones de toneladas de LCE durante esos años. Esto, sin duda es un avance importante para quienes venían promoviendo un mayor involucramiento del Estado en la producción de Litio. Pero lo que no logra explicarse con suficiente contundencia, es que, para ello, se tuviese que entregar el restante 50% del negocio a SQM. En valor presente de las utilidades después de impuestos, significa haber entregado a SQM beneficios por cerca de USD 11.000 millones. Hablamos en magnitud de prácticamente toda la deuda del CAE. ¿Se condice la experiencia de SQM con esa cantidad de dinero? ¿No pudo CODELCO, haber negociado mejor, de modo tal de lograr capturar al menos parte de esos USD 11.000 millones para dar solución a otras problemáticas que enfrenta el Estado? ¿En cuánto y cómo valoró CODELCO, el aporte de SQM, para entregar esa magnitud de recursos?
Esas preguntas son dijciles de responder, porque CODELCO no ha entregado ningún cálculo
que explique los fundamentos de su negociación. A todas luces, pareciera que las actuales autoridades privilegiaron ver resultados de corto plazo por sobre un análisis de beneficios de largo plazo del negocio. Y eso, cuando se trata de los intereses de la patria, de recursos naturales que pertenecen a las actuales y futuras generaciones, no es aceptable, y requiere de mayor análisis y evaluación de opciones.
Lo anterior se explica porque SQM entregará a CODELCO los beneficios de comercializar 201.000 ton entre el 2025 y 2030, lo que conlleva un pago al Estado de USD 1.540 millones aproximadamente (más tasas de arrendamientos e impuestos). Pero, como se señaló anteriormente, esto será a condición de que CODELCO aporte la autorización de 300.000 ton LCE adicionales para ser producidos antes del 2030, lo que significaría beneficios adicionales de USD 1.785 millones para SQM, (por el equivalente a las 232.000 ton adicionales de producción). Es decir, SQM terminará ganando USD 240 millones en el período 25-30, lo que sumado a los USD 11.000 millones en el período 31-60, da un total de USD 11.240 millones
Si consideramos que el aporte de SQM son sus instalaciones, avaluadas según sus propios reportes en USD 1.800 millones (este aporte es el 50% de los USD 1.800 millones dado SQM mantendría el 50% de la nueva compañía), el beneficio neto del acuerdo con CODELCO, en valor presente para SQM bordea los USD 10.200 millones. Cifra que, en una buena negociación o una licitación internacional, debería haber sido capturada para el Estado de Chile.
LA AMENAZA
Uno de los argumentos utilizados para justificar una negociación directa con SQM, que como hemos visto, ha sido extremadamente beneficiosa para la empresa, ha sido el peligro de caer en un “valle productivo” o paralización productiva. Lo anterior, porque se estimaba o abiertamente existía la amenaza, que al saber SQM que no se le renovaría contrato posterior al 2030, ésta dejaría de alimentar las piscinas de evaporación el año 2028, dado que es el período que necesita la empresa para obtener el concentrado de litio desde que se extrae del salar[2]. Eso significaría que, al momento de ingresar el Estado a tomar el control de Salar, se encontraría con las piscinas vacías, necesitando, al menos 2 años, para volver a producir carbonato de litio. A estos años de paralización o “valle productivo”, se ha estimado una pérdida de USD 7.500 millones, según lo informado en la prensa.
Dos reflexiones surgen ante esta justificación. La primera, es si resulta aceptable que el Estado se asocie por 35 años con una empresa, bajo la amenaza o abiertamente la “extorsión”, de que la empresa pueda “boicotear” la producción en la etapa final de su contrato original, si es que el Estado decide asociarse con otra empresa o llevar adelante el negocio por sí mismo. Lo segundo, ya desde una mirada netamente financiera, es que, si bien existe el riesgo de perder USD 7.500 millones, lo que gana SQM y que el Estado podría recuperar o negociar, es mucho más que la potencial pérdida que tendría un supuesto valle productivo (USD 10.200 millones en valor presente).
La segunda reflexión es que hay que tener presente que este acuerdo estaría desconociendo el desarrollo de tecnologías de extracción directa, como bien lo exige la propia Estrategia Nacional del Litio, cuya implementación en los próximos 6 años, podría impedir el supuesto “valle productivo”. Una licitación internacional cuyas bases exigiera el uso de estas tecnologías, aceleraría una producción amigable con medio ambiente.
Finalmente, llama la atención, que la autoridad impulsara y celebrara el acuerdo con una empresa que está en plena disputa judicial por el no pago del impuesto específico a la minería desde el 2020 en adelante. SQM se ha negado a pagar el impuesto específico a la minería, porque éste no aplicaría al litio, al ser un mineral no concesible. Mas allá de la interpretación de la ley, y que lo deberá resolver la justicia, sí llama la atención, que la otra empresa que produce litio en el Salar de Atacama, Albermale, sí paga este impuesto, sin entrar en una disputa de interpretación de la ley con el SII, como sí lo ha hecho SQM. Así y todo, Albemarle tampoco “calificó” para formar parte de este acuerdo.
Pareciera, al menos, una acción desleal del propio gobierno con su institución recaudadora de impuestos. Mientras el SII se esmera en que SQM pague cerca de USD 800 millones adeudados al fisco, CODELCO y el ejecutivo, celebran un contrato histórico con la empresa deudora.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
Resulta difícil comprender las razones económicas que CODELCO ha tenido para arribar al acuerdo con SQM para producir litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. Se desconocen los cálculos financieros de CODELCO que avalen este acuerdo. Al menos, los realizados por el autor y otros analistas del sector, muestran un beneficio extremadamente alto para SQM, y que podrían haber sido capturados por CODELCO en una mejor negociación, ya sea con la misma SQM, como con otra empresa a través de una licitación internacional.
Por lo mismo, y dada la magnitud del negocio en el Salar de Atacama, resultaría prudente suspender momentáneamente la firma de contratos anunciada para marzo del presente año, y realizar un análisis más detallado del acuerdo, conociendo los cálculos realizados por CODELCO que justifican la asociación en términos tan ventajosos con SQM, y evaluar de forma transparente si es o no el mejor acuerdo para el país, en la medida que maximiza o no la captura de la renta por parte del Estado.
[1] Y la autorización para su comercialización por parte de CCHEN.
[2] El proceso de evaporación solar contempla 18 meses aproximadamente desde que se extrae la salmuera, hasta que se logra el concentrado de salmuera al 6% que es llevado a la planta El Carmen para la producción de carbonato e hidróxido de litio.
INEXPLICABLE_ACUERDO