Por Camilo Lagos
Director Programa Económico
En Chile, la pobreza y marginalidad se redujo enormemente durante los años noventa. No obstante, se incrementó la precariedad e inseguridad laboral, el endeudamiento, la vulnerabilidad de la seguridad social, al mismo tiempo que se expandieron las brechas de ingreso que colocan a nuestro país entre los más desiguales a nivel mundial.
Durante la campaña electoral del 2009, el movimiento progresista señaló con fuerza la necesidad de una implementar una Reforma Tributaria, que permitiera afrontar el desafío de construir un país más justo y equitativo. Se propuso una reforma no dogmática, sustentable y equilibrada, que se hiciera cargo de los desafíos que durante años nuestro país había acumulado en la materia, buscando como principio la equidad horizontal y vertical, esto es un sistema tributario donde “los que ganen lo mismo paguen lo mismo”, y “los que más ganen, más paguen”. Esta obviedad de sentido común, precisamente, no se cumple en nuestro distorsionado sistema tributario.
Se propuso una reducción del impuesto máximo a la renta de las personas y la eliminación permanente del impuesto de timbres y estampillas, como manera de alivianar las cargas tributarias de los sectores medios y de menores ingresos de nuestro país, y las distorsiones sobre la decisión de trabajar que se generan. Como contrapartida, se propuso un aumento en los impuestos de primera categoría, con tramos exentos para proteger efectivamente a las PYMES.
Con todo ello se buscó re-instalar la discusión sobre la necesidad de un royalty a la extracción de recursos naturales. Propusimos un aumento del impuesto específico a la minería de un 5% a un 8%. Además, planteamos la necesidad de un impuesto específico a las hidroeléctricas, dado los altos niveles de rentabilidad de esta industria.
También propusimos un aumento al impuesto a los alcoholes y tabacos, junto con la repatriación de fondos del exterior, reforma a la ley de herencias, y la eliminación de exenciones tributarias que benefician, por sobre todo, a los sectores de mayores recursos, entre otras medidas.
El 2010, el país se enfrentó a una catástrofe natural de enormes costos humanos y materiales. Entre las propuestas que el gobierno planteó en materia tributaria, con el objetivo de aumentar los recursos para la reconstrucción, al menos 3 fueron levantadas previamente por el movimiento progresista (impuestos de primera categoría, impuesto específico a la minería e impuesto al tabaco).
Creemos que estas medidas fueron en la dirección correcta. No obstante, preocupa el carácter temporal de alguna de ella. En efecto, la pobreza y la desigualdad son catástrofes sociales permanentes por lo que, al igual que las catástrofes naturales, deben enfrentarse con medidas audaces y de largo plazo.
Las movilizaciones ciudadanas del 2011, en particular la estudiantil, no fueron meras reivindicaciones sectoriales, sino la expresión de un profundo malestar producto del modelo de desarrollo y de los niveles de desigualdad que este genera.
El movimiento ciudadano ha logrado instalar, en el debate político, la necesidad de impulsar un conjunto de reformas en materia políticas y económicas. Entre ellas, la reforma tributaria que permita financiar el mayor gasto público que se requiere para cumplir con las demandas estudiantiles de gratuidad y aumento de las subvenciones escolares. Se estima que se requiere un incremento de los recursos en al menos USD 6.000 millones anuales para asegurar Gratuidad en todos los niveles educacionales .
Sin embargo, el primer y principal objetivos de una reforma tributaria es el de la equidad. No solo se requiere una reforma tributaria para aumentar el gasto público, sino que para reducir la brecha de desigualdad.
Para los progresistas, aún con un elevado precio del Cobre que permitiera hipotéticamente a CODELCO proveer de todos los recursos necesarios para satisfacer el gasto público, una política de equidad tributaria es imprescindible. Consideramos que una política tributaria por sí misma tiene capacidad distributiva ,, a la vez de convertirse en el principal instrumento de recaudación de ingresos para el gasto público.
El terremoto del 2010 y los movimientos sociales del 2011, deben traducirse en reformas que permitan re-fundar el país sobre la base de la equidad, en lo político, en lo económico, en lo social.
1 Considera USD 2.000 millones para asegurar gratuidad en la educación superior, y USD 4.000 millones para aumentar subvención escolar y eliminar co-pago.
2 Así lo verifican también diferentes estudios, como el de Cantallopts, Jorrat y Scherman (2007), “Equidad Tributaria en Chile: Un Nuevo Modelo para Evaluar Alternativas de Reforma”, CEPAL.