[Columna] El día que resolvimos acabar con el negocio de Lucía Hiriart de Pinochet

Por Víctor Osorio Reyes.
El autor fue Ministro de Bienes Nacionales y es director ejecutivo de la Fundación Progresa.

Fue una sincronía no calculada, pero plena de significado. Fue un 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando nos reunimos con el entonces presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña. Era 2015 y era Ministro de Bienes Nacionales. Había tomado la decisión de acabar con la impunidad de que había disfrutado por casi 26 años la Fundación CEMA Chile, la entidad que presidía Lucía Hiriart, la viuda de Augusto Pinochet.

En el encuentro, solicitamos que el CDE interpusiera acciones judiciales para la recuperación de los bienes inmuebles de origen fiscal que entonces aún estuvieren en manos de CEMA, los mismos que le fueron transferidos gratuitamente durante el período de la dictadura, invocando la supuesta labor social que desarrollaba el organismo, y que se había dedicado a enajenar, en operaciones millonarias con más que evidentes propósitos de lucro. CEMA había devenido en un negocio inmobiliario privado, haciendo uso de bienes que fueron parte del patrimonio fiscal.

En la oportunidad, proporcionamos el conjunto de los antecedentes que logramos acreditar como resultado de una amplia investigación que desarrollamos en el Ministerio.

En Bienes Nacionales había instruido la elaboración de un catastro oficial, hasta entonces inexistente, de los inmuebles fiscales transferidos a CEMA. Se emprendió una búsqueda rigurosa en los archivos históricos y en el Sistema de Catastro del Ministerio. Se realizaron consultas en el Archivo Nacional y en el Servicio de Impuestos Internos. Los profesionales y funcionarios de las Divisiones de la Secretaría de Estado a nivel central, así como de las Seremis de todo el país, trabajaron con enorme entrega en el complejo desafío.

De esa forma, se estableció una lista de 135 propiedades transferidas en forma gratuita por Bienes Nacionales a la Fundación CEMA Chile entre 1977 y 1989, y otras 18 entregadas en concesión de uso gratuito. Solicitamos al Servicio de Impuestos Internos el envío de los Roles y los avalúos de los inmuebles, a fin de efectuar tasaciones comerciales y estimar el perjuicio económico posible con la enajenación de los inmuebles. Solamente con 118 casos, llegamos a determinar $ 80.849.812.342: equivalente a la recaudación de tres campañas de la Teletón. También instruimos a todas las Seremis fiscalizar en terreno los inmuebles transferidos y otorgados en concesión.

Nuestro convencimiento fue que la entidad presidida por Lucía Hiriart de Pinochet había incumplido gravemente el compromiso asumido en su momento con el Estado de Chile: destinar dichos bienes inmuebles fiscales a fines sociales, consistentes con su objeto social. Ello fue la justificación del uso del mecanismo excepcional de la transferencia gratuita para beneficiar a CEMA Chile, que en este caso se ejecutó en una cantidad sin precedentes y a través de decretos firmados por el propio Augusto Pinochet. Las evidencias mostraban que una parte significativa de esos inmuebles de origen fiscal ya habían sido vendidos.

Nuestra solicitud al Consejo de Defensa del Estado fue acogida positiva y prolijamente, y con prontitud.  Así, se solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que la Causa N° 1618–2004, más conocida como “caso Riggs”, se repusiera al estado de sumario en lo referido a CEMA, requiriendo un conjunto de diligencias orientadas a “indagar a fondo” si los bienes que el Estado entregó a esta entidad seguían o no en poder de ella, y si fueron enajenados conocer las circunstancias de su venta y el destino de los fondos obtenidos.

El 8 de abril de 2016, coincidentemente cuando presentábamos nuestra tercera cuenta pública al frente de Bienes Nacionales, el tribunal de alzada acogió por unanimidad aquella solicitud y comenzó una investigación por malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

En la presentación del CDE se recogían los antecedentes que habíamos logrado determinar en Bienes Nacionales en relación a los 135 inmuebles fiscales transferidos, pero se advertía que era aún mayor la cifra de bienes estatales que CEMA había recibido en tiempos de la dictadura, pues sumadas las transferencias originadas en los SERVIU y municipalidades se llegaba a una cantidad mayor a las 200 propiedades.

El 13 de abril de 2016 sostuvimos una nueva reunión de trabajo con el presidente del CDE, junto al equipo jurídico del organismo que se había hecho cargo del asunto. Concordamos en solicitar un ministro en visita, lo que fue acogido positivamente el 25 de abril siguiente.

Otro antecedente de enorme importancia: en la presentación que realizamos al CDE el 10 de diciembre de 2015, señalamos que, siempre en la búsqueda de la mejor protección del interés fiscal, pedíamos que se solicitara medidas precautorias: la prohibición de actos y de contratos respecto de los inmuebles que permanecieran en el patrimonio de la Fundación CEMA Chile, a fin de evitar eventuales maniobras y simulaciones que intentaran sustraer dichos bienes raíces del resultado de la acción judicial. Es lo que el 16 de agosto de 2016 solicitó el CDE al ministro en visita y que devino en que se resolviera el embargo preventivo de inmuebles y activos financieros todavía en manos de CEMA Chile.

Unos pocos días antes de esta decisión judicial, Lucía Hiriart renunció a la presidencia de la Fundación CEMA Chile, después de casi 43 años al frente del organismo. Con todo, no pudo impedir que fuera interrogada en su casa.

En forma paralela, iniciamos un proceso de recuperación de bienes en los casos en los que estábamos en condiciones de emprenderlo por el camino administrativo. El primero fue un inmueble en la ciudad de Copiapó, que el 28 de junio de 2016 entregamos a la Agrupación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Atacama, en una ceremonia emotiva que me correspondió encabezar presencialmente.

Otro caso digno de consignarse fue el 5 de septiembre de este año, cuando recuperamos en terreno y con auxilio de la fuerza pública un inmueble que aún era ocupado por CEMA en la comuna de Los Muermos en Región de Los Lagos. Era ya el quinto inmueble fiscal que recuperábamos en el país, pero el primero en que debió recurrirse a Carabineros, ya que los ocupantes se negaban a hacer abandono voluntario del lugar.

El inmueble fue entregado en destinación al Ministerio del Interior en 1978 por Bienes Nacionales, y éste a su vez lo entregó a CEMA Chile. No estaba en la nómina inicial que entregamos al CDE, por esa especie de triangulación, pero detectamos su existencia.

El 13 de mayo de 2016, por Resolución Exenta N° 605, se puso término a la destinación y mediante Ordinario N° 1343, del 1 de junio, se notificó a CEMA Chile de esta decisión y que disponía de un plazo de 30 días corridos para entregar el inmueble. Habiéndose agotado el plazo, el 4 de agosto solicitamos a la Gobernación Provincial de Llanquihue que se dispusiera el auxilio de la fuerza pública. Resolví entonces trasladarme hasta el lugar para conducir en terreno la ejecución del operativo.

Una vez recuperado, el inmueble fue entregado a la Fundación de Voluntariado Social “El Buen Samaritano”, que realiza una labor social con personas en situación de calle.

Con toda seguridad, el caso que provocó mayor impacto fue la Plaza de Armas de Paine. En el contexto de la fiscalización que instruimos a las Secretarías Regionales Ministeriales, el Seremi Felipe Morales me comunicó el insólito hecho de que la plaza aparecía registrada como propiedad privada de CEMA. A fines de marzo de 2016, ambos fiscalizamos en terreno la situación. El alcalde de Paine nos informó que, enterado del hecho, había intentado comprar la plaza y que la entidad de Lucía Hiriart le había comunicado que exigía unos 600 millones de pesos. Resolví entonces denunciarlo a la opinión pública, como ya lo habíamos hecho con la situación general y con los diferentes casos que fuimos conociendo.

La propiedad perteneció inicialmente a la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), la cual transfirió la propiedad a Bienes Nacionales y éste a la Fundación CEMA Chile en 1986. El terreno total era de unos 9.000 metros cuadrados, de los cuales CEMA hizo una división, quedándose con la parte más pequeña, asegurando que allí construiría una sede social y terminó vendiéndola a una entidad religiosa. El otro lote, de unos 6.400 metros cuadrados, se suponía que sería entregada a la Municipalidad para la construcción de la Plaza de Armas. Pero jamás CEMA ejecutó el traspaso, pese a que se levantó el mobiliario respectivo.

Así las cosas, en agosto de 2016 dispuse que el Ministerio de Bienes Nacionales emitiera el Decreto N° 352, a través del cual se establecía la calidad de Bien Nacional de Uso Público de la Plaza de Paine, para todos los efectos legales y administrativos, estableciéndose que el inmueble pertenecía a la nación toda, era patrimonio de todas las chilenas y los chilenos, y que, como establece el Código Civil y el ordenamiento jurídico, es incomerciable.

Habíamos recuperado la Plaza de Paine con audacia y usando todos los recursos legales que teníamos a disposición.

El creciente cerco judicial, administrativo y público contra CEMA Chile terminó produciendo un resultado anhelado. Al año siguiente, el directorio de la Fundación CEMA Chile decidió aprobar su disolución y traspasar al Fisco los inmuebles aún en su poder. De esa forma, un total de 108 bienes fueron restituidos al patrimonio fiscal. Fue una victoria contundente, al margen de que no fueron devueltos cerca de un centenar de inmuebles entregados por el Fisco a CEMA, cuyo valor monetario ascendía a miles de millones, y que presumiblemente fueron enajenados.

En los informes de la PDI, realizados en el marco de la investigación judicial, se determinó que solo en el período entre 2004 y 2015, CEMA Chile efectuó la venta de 67 bienes raíces por la suma total de $5.898.698.772. En septiembre de 2016 se conoció el testimonio del director administrativo de CEMA, Julio Véjar Zamorano, quien aseguró en la investigación judicial que, hasta el año 2015, la Fundación había vendido 146 propiedades, las que les generaron lucrativos ingresos por 11.438 millones de pesos.

Ello, considerando que en la investigación de Bienes Nacionales habíamos constatado que los negocios inmobiliarios de Lucía Hiriart de Pinochet y su Fundación se remontaban, a lo menos, al momento que terminó el ciclo de la dictadura.

Sin embargo, el ministro en visita Guillermo de la Barra cerró el caso de la Fundación CEMA Chile sin ningún procesado, una vez iniciado el Gobierno de Sebastián Piñera. Luego de dos años y ocho meses de investigación, el magistrado decidió sobreseer temporalmente la indagatoria. La decisión no fue apelada por el CDE.

El Gobierno decidió no perseverar en impulsar la persecución penal de las eventuales responsabilidades por los posibles ilícitos de apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Ello, mientras que intentaba afanosa, falsa e infructuosamente atribuirse como logro propio la recuperación de los 108 inmuebles, amparado en el hecho de que CEMA –en el último de los repudiables actos de su historia– resolvió postergar para después del cambio de gobierno en marzo de 2018 la materialización de la restitución de los bienes. Ello, sin que existiera razón jurídica alguna para esa decisión, más que un obvio móvil político.

Tengo una enorme satisfacción y un profundo orgullo por haber resuelto –como Ministro de Bienes Nacionales– emprender esta batalla épica, orientarla y ejecutarla directamente con convicción, y llevarla hasta el final, posibilitando una victoria sin precedentes frente a uno de los enclaves fácticos heredados de la dictadura, en defensa de los intereses de la ciudadanía. Fue una muestra, además, que es posible correr el cerco de la posible con audacia, decisión y coraje; no escuchando las voces de los que sostenían que sería estéril, que no se podría y que sería un tránsito plagado de amenazas; con la conciencia de que se estaba cumpliendo un mandato y una responsabilidad.

Me parece que, en estos tiempos de descrédito de la política y las instituciones, muestra también un camino y un sentido, los mismos que una vez proclamó José Martí: “Hacer es la mejor forma de decir”.

Santiago, 10 de diciembre 2020.

Fuente: Crónica Digital