Por Víctor Osorio.
El autor es director ejecutivo de la Fundación Progresa.
La derecha tiene rasgos comunes en Nuestra América. Uno de ellos parece ser la tendencia a negar la historia o distorsionarla, como condición para intentar preservar su control del presente y futuro. En ese empeño, han radicalizado su hechura conservadora y autoritaria. Un ejemplo es la controversia desencadenada en Perú en los últimos días, a propósito del documental “Hugo Blanco, Río Profundo”, que intenta reconstruir la historia de un veterano luchador social.
Una violenta campaña de ataques se levantó en contra del personaje y la obra, dirigido y producido por Malena Martínez Cabrera, señalando que se trata de un “terrorista asesino” y que el Ministerio de Cultura, al promover la exhibición del documental, hace una “apología del terrorismo”.
Blanco, hoy con 86 años, en los últimos cuatro décadas ha sido legislador constituyente, diputado y senador, transitando desde una opción radical de izquierda en los 60 hacia las luchas de los pueblos indígenas y en defensa del agua y la naturaleza, por lo que se le considera cercano al Ecosocialismo.
La líder progresista peruana y ex candidata presidencial, Verónika Mendoza, enfrentó en su cuenta de Twitter los ataques procedentes desde los políticos, parlamentarios y medios de comunicación de la ultraderecha, así como de viejos policías y militares negacionistas de las violaciones a los derechos humanos. “No solo quieren mellar la dignidad de Hugo Blanco sino impedir que los pueblos hagan memoria de sus propias luchas para liberarse de la servidumbre y levantar la humillada cerviz. Pero no podrán volver el tiempo atrás, Hugo ya es parte de la historia y no podrán borrar su huella”, escribió.
Hugo Blanco fue uno de los tantos latinoamericanos que fue conmovido por la experiencia del Gobierno del Presidente Salvador Allende y la Unidad Popular, y se trasladó Chile. En nuestro país conoció, en forma dramática, el modo en que la derecha manipula la realidad, inventa imputaciones sobre conspiraciones ficticias para justificar el crimen, cuando se trata de preservar el orden establecido.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 lo sorprendió en Santiago de Chile. Pudo observar como la emergente tiranía hablaba de un “Plan Zeta”, una supuesta confabulación de la izquierda para eliminar físicamente a la totalidad de sus oponentes e imponer una “dictadura marxista”. Los políticos civiles que contribuyeron a la ruptura de la democracia y celebrado el fin de la institucionalidad republicana, asumieron acríticamente la veracidad del “Plan Zeta”, así como sus medios de comunicación. Aparte de los milicianos chilenos, se sostenía que 15.000 guerrilleros extranjeros serían los ejecutores de la asonada marxista.
En mérito de esa “conspiración” se emprendió una violenta cacería de todos los hombres y mujeres de la izquierda chilena. Ser extranjero se tornó también en motivo de sospecha. Un porcentaje significativo de los centenares de casos de desapariciones y ejecuciones que se perpetraron hasta diciembre de 1973 fueron resultado del propósito de castigar y aniquilar a los autores y ejecutores del “Plan Zeta”, cuya existencia nunca fue acreditada, porque no era más que un vil invento.
Uno de los “guerrilleros extranjeros” era el peruano Hugo Blanco Galdós.
En los días posteriores al golpe de Estado, a través de bandos militares se requirió que las principales personalidades progresistas se entregaran a la dictadura. En la portada de “El Mercurio” y “Las Últimas Noticias” se publicaron las fotografías de 13 de los buscados con prioridad, con el titular “La Junta Militar de Gobierno ordena ubicar y detener”, en uno de los hechos que forma parte de los registros de la historia nacional de la infamia. Luego de la captura del secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán, el objetivo principal de la tiranía era el secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano.
El mismo día de la detención de Corvalán, el diario “La Tercera” publicó, el 29 de septiembre de 1973, las siguientes “revelaciones”: denunció que un “guerrillero peruano era el brazo derecho de Altamirano”. Se trataba de Hugo Blanco, el cual –indicaba– escapaba junto con el secretario general del PS “de quien se dice que fue su más fiel lugarteniente durante los últimos meses del régimen depuesto”.
Agregaba que Blanco había llegado a Chile durante 1972 “y de inmediato pasó a convertirse en uno de los protegidos de Altamirano, que puso el peruano a su servicio con suculentos emolumentos”. Y detallaba que “actuó como proselitista político y como organizador de grupos guerrilleros (…) en las diferentes escuelas del país”.
Al día siguiente, “La Tercera” precisó que “el activista peruano aún estaría en Chile y acompañando al prófugo Altamirano”. Según la nota, la asesoría de Blanco al secretario general del PS se extendió, incluso, a recomendarle “la forma cómo podía actuar ante el depuesto Presidente Salvador Allende”. Concluía aseverando que “cuando se produjo el pronunciamiento, Blanco estaba acompañado de Altamirano, huyendo ambos con destino desconocido y provistos de una buena cantidad de armas”.
El 1 de octubre de 1973, “La Tercera” consignaba: “Infructuosa ha sido hasta el momento la búsqueda del guerrillero peruano Hugo Blanco Galdós, quien huye con el líder extremista Carlos Altamirano y el chofer de este último”. Consignaba que “la Policía de Investigaciones, encargada de la búsqueda de los tres sujetos, piensa que no tuvieron tiempo de escapar hacia el Perú, ya que las fronteras fueron oportunamente cerradas”.
Insistía en que “el día que se produjo el pronunciamiento militar, Blanco se encontraba con Altamirano y se hundió en la clandestinidad”. Y reiteraba que era “un individuo altamente peligroso”, que fue “uno de los asesores” del secretario general del Partido Socialista y que fue el encargado de la formación de los “grupos guerrilleros” para el Plan Zeta, “que pensaban desatar los elementos marxistas en el mes de septiembre”.
Todo eso era absolutamente falso. Blanco nunca trabajó al servicio de Altamirano, ni se encontraban juntos al momento del golpe de Estado o en los días posteriores. Fue acogido por el recordado embajador de Suecia Harald Edelstam. Ya con asilo político en ese país, Blanco realizó una gira por Europa Occidental y Canadá dando conferencias sobre el golpe de Estado.
En Chile había colaborado con el Partido Socialista Revolucionario, pequeña organización trotskista que no pertenecía a la Unidad Popular, y también contribuyó con la experiencia de los Cordones Industriales, entidades de coordinación sindical de carácter territorial, según contó Blanco en el libro “La Tragedia Chilena” publicado en Buenos Aires antes que terminara ese aciago 1973.
Por Víctor Osorio. El autor es director ejecutivo de la Fundación Progresa.
Santiago, 20 de junio 2020.
Fuente: Crónica Digital.