Ante el evidente fracaso del mercado desrregulado nace un nuevo período histórico, que se caracteriza por el creciente rol del Estado. Pero este cambio no es suficiente: es necesario revitalizar la democracia que sólo es posible mediante la participación ciudadana en las decisiones que el país debe tomar. El primer paso imprescindible es un nuevo pacto social que deberá plasmarse en una Constitución emanada de una Asamblea Constituyente y refrendada por un plebiscito; esta Carta Fundamental deberá garantizar el equilibrio de poderes un régimen político semi presidencial, terminar con la subsidiaridad del Estado y abrir campos a la expresión de la ciudadanía popular por medio de un sistema electoral proporcional, inscripción automática, voto voluntario, iniciativa popular de ley y plebiscitos revocatorios.
El nuevo Estado deberá garantizar una educación pública gratuita, descentralizada y de alta calidad, así como prestaciones de salud gratuita y de similar calidad que la salud privada; además, debe incluir viviendas dignas y barrios no segregados.
Las nuevas políticas públicas deberán terminar con la cleptocracia y la pitutocracia: todos los cargos públicos serán proveídos en base a concursos ciegos; la Contraloría tendrá mayores facultades para fiscalizar cualquier irregularidad; el Estado social será un Estado probo.
Todos los bienes naturales serán propiedad del Estado y las concesiones y comodatos serán controlados por la soberanía popular y/o sus representantes. El royalty será equiparado a los estándares internacionales.
La matriz energética será diversificada, privilegiando el Estado las energías limpias y renovables. Se ampliarán las libertades ciudadanas los derechos humanos, en especial los económico-sociales.
El Estado chileno combatirá todo tipo de segregación, sea social, sexual o étnica; se creará una defensoría de los ciudadanos. Las cargas públicas privilegiarán a las empresas familiares y las pymes, promoviendo la capacitación y el empleo.
El sistema provisional será mixto: uno de capitalización privada y otro solidario; el Estado deberá garantizar la libertad de elección por parte de los ciudadanos y un sistema de pensiones digno.
Estas medidas constituyen algunos de los pasos terminar con el Estado de castas y llegar, para el Bicentenario, a un Estado social de participación ciudadana.