Comisión de Políticas Públicas – CUT Chile
Chile vive hoy una pandemia sanitaria inédita que, junto con las medidas de contención, se ha traducido en graves dolores para las familias chilenas y en una profunda caída de la economía. El IMACEC ha llegado a su peor registro histórico, cayendo en un –15,3% y arrastrando al 75% de las familias que han perdido todo o gran parte de los recursos propios. Además, no existe con certeza un horizonte de recuperación, desatándose así una gran crisis social, solamente comparable a la del año 1982, con gran proliferación de ollas comunes y comités de cesantes.
Creemos que la labor de los centros de estudios e intelectuales es la de elaborar y dar apoyo técnico a las demandas sociales de la ciudadanía, que implican otra política para enfrentar la crisis y una profunda transformación económica y social, única respuesta posible luego del estallido social del 18 de octubre de 2019 (18O).
Hemos llegado a un punto de no retorno para el sistema de ideas que sostuvieron un modelo neoliberal de desarrollo y, en ese sentido, el debate de pensiones es el primero que expresa el nuevo espíritu de la época que vivimos.
Eso nos lleva a contradecir al Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, porque el proceso constituyente no es parte de una transacción entre sectores políticos, sino que representa el ánimo social que se viene construyendo desde inicios de la década pasada y que alcanzó su máxima expresión el 18O. Esto lo entendió el sistema político, a contrapelo del gobierno y los sectores de la ultraderecha.
En ese sentido, la reforma constitucional que abre el proceso constituyente es irreversible. La ciudadanía ha sido convocada a elaborar una nueva Constitución para abrir Las Alamedas hacia una profundización de la Democracia y avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria.
En toda esta situación ha existido un Estado que ha actuado con tardanza en los tiempos de crisis, con insuficiencia en las ayudas y con baja cobertura. Creemos que, pasados cuatro meses desde el inicio de la pandemia, ya no es posible calificarlo de errores de diagnóstico o que no conocen la realidad de las familias chilenas. Es más bien una política pensada y dirigida al salvataje de los grandes grupos empresariales, con la esperanza de que sean ellos los que reactiven la economía.
Frente a este desolador escenario, es que se han levantado varias propuestas en torno a los recursos acumulados en los fondos de pensiones, que hoy significan un 70% del PIB chileno y que se reparten en más de 11 millones de cuentas individuales a nombre de los/as trabajadores/as de la economía. Existen dos principales propuestas en este sentido: la primera busca que los/as trabajadores/as accedan a parte de sus fondos previsionales acumulados para enfrentar la pandemia; y la segunda busca crear un nuevo fondo de inversión más riesgoso, para que las grandes empresas puedan financiarse en la crisis.
La propuesta de usar los ahorros previsionales de los trabajadores para el rescate de las empresas busca crear un fondo de entre US$1.000 millones y US$5.000 millones, que sean invertidos a tasas de entre el 15% y 20% de riesgo/retorno. Se exime, además –en primera instancia– a las empresas de exhibir una calificación de riesgo que pudiera guiar las inversiones. Es una profundización del modelo de capitalización individual, una versión más riesgosa del sistema y, por lo tanto, incorpora una mayor variabilidad en los fondos de pensiones actuales y en las pensiones futuras.
El proyecto impone razones de financiamiento del mercado de capitales por sobre la lógica cautelosa que debe guiar la inversión de los fondos de pensiones, dejando al descubierto que el fin principal de los fondos de los/as trabajadores/as es financiar el emprendimiento empresarial a bajo costo. Esta lógica trae consigo aumentos de la volatilidad de la rentabilidad de los fondos y, con ello, riesgos adicionales que caen de modo directo sobre los ahorros de los/as trabajadores/as.
Finalmente, todo hace pensar que los fondos que sean prestados por las AFP en esta modalidad tienen muy poca probabilidad de que puedan servir para pagar sus deudas, provocando un daño previsional profundo a los/as trabajadores/as chilenos/as.
Por el contrario, la propuesta que permite el acceso a los/as trabajadores/as a sus fondos previsionales, la entendemos como una alternativa frente al fracaso del gobierno en la protección de las familias chilenas. Esta iniciativa, ampliamente respaldada por las familias chilenas bajo el supuesto que están operando el Ingreso Familiar Permanente (IFE) y el seguro de cesantía mejorado, debe dirigirse particularmente a los sectores medios que hayan perdido al menos 50% de sus ingresos por la crisis.
Apoyamos la idea de crear un Fondo Solidario para la compensación de las futuras pensiones, como un componente estructural del sistema de pensiones. Este Fondo deberá ser financiado con aportes del Estado y de los empleadores, asegurando que su distribución opere bajo lógicas solidarias y con criterios progresivos.
Bajo estos supuestos básicos, el diseño de un Fondo Solidario debería incluir las siguientes características:
- Debería ser de reparto inter–generacional e intra–generacional. Es decir, por un lado, los fondos deberían usarse para pagar mejores pensiones a los afiliados desde recursos de los trabajadores. Por otro lado, debería compensarse en la misma generación, con más recursos a los jubilados con menores pensiones, aumentando todas las pensiones del sistema.
- Considerar reparto de género: se deberían compensar las pensiones de las mujeres por la vía de entregar los recursos suficientes para que hombres y mujeres tengan igual pensión a igual trayectoria laboral. Además, se deben compensar las lagunas previsionales producto de salidas forzadas por maternidad, sin perjudicar así su trayectoria de pensión. Ambas medidas deberían elevar las pensiones de las mujeres de forma
- Los aportes de los empleadores al Fondo Solidario deberían ser equivalentes a los aportes de los trabajadores al sistema de pensiones. Es decir, un aporte sobre el sueldo del trabajador. En la misma lógica, los aportes estatales deberían ser de carácter subsidiario, es decir, integrar recursos en la medida que el Fondo Solidario no alcance a pagar los beneficios establecidos; esto, pues consideramos que el principal aporte estatal debe ser hecho por la vía de una Pensión Básica Universal a todos los
- El Fondo Solidario deberá pagar pensiones y, además, ahorrar parte de sus fondos para hacer frente al envejecimiento de la población. Los fondos ahorrados deberán ser una proporción menor del total del Fondo Solidario y estar libres de riesgo financieros, siendo de uso exclusivo para pagar
Con estas cuatro características, un Fondo Solidario podría aumentar las pensiones de todos los jubilados en general y de las mujeres en mayor grado, por el doble efecto de compensación de género y reparto ínter e intra generacional.
El gobierno tiene un año para ingresar un proyecto de ley que detalle el Fondo con estos criterios o aprobar el Fondo Solidario en las condiciones que discute hoy la Reforma Previsional del gobierno, manteniendo la solidaridad y progresividad de los beneficios. Asimismo, se entiende que deberá existir una transitoriedad en los pagos del empleador, de manera de no afectar las pensiones a pagar, ni la necesaria recuperación económica.
En este sentido creemos que la creación del Fondo Solidario sería un importante avance para el sistema de pensiones chileno y, de aprobarse, podría ser el primer paso a una reversión total o parcial del sistema de pensiones de cuentas individuales. Por lo tanto, manifestamos la necesidad de reponerlo y aprobarlo en la discusión en el Senado.
En estas semanas se han dado importantes debates en la Cámara de Diputados, tanto en lo que respecta al retiro de fondos de pensiones por parte de los/as trabajadores/as, como en la creación de un nuevo fondo previsional más riesgoso para los fondos acumulados. En este sentido, como Comisión de Políticas Públicas de la CUT quisiéramos hacer cinco recomendaciones de políticas públicas:
Es necesario seguir un camino de reversar el sistema de pensiones chileno. Debemos pasar de un sistema cuya columna vertebral es el sistema de AFPs a un sistema de Seguro Social público, que incorpore los avances internacionales en la construcción de sistemas de pensiones y que ponga énfasis en la solidaridad y la redistribución.
En por esto que rechazamos la exposición a mayor riesgo y volatilidad de los fondos de pensiones, pues significarán un deterioro de las jubilaciones, alejándonos aún más de los principios de la Seguridad Social.
Apoyamos el retiro que puedan hacer los trabajadores de parte o la totalidad de los fondos, condicionados por un gobierno que no ha querido dar una respuesta integral y oportuna a los trabajadores chilenos.
Apoyamos de manera irrestricta la creación del Fondo Solidario de Pensiones, pues es un primer paso hacia la reversión del sistema de cuentas individuales. Así, insistimos en la necesidad de que sea repuesto y aprobado en el Senado.
Finalmente, sobre los jubilados actuales debiera extenderse una política de pensión básica universal que les permitiera partir de un piso común de dignidad, pero que además subiría inmediatamente las pensiones de los jubilados.
Firman:
Felipe Ruiz. Sociólogo, investigador del Centro de Estudios de la Fundación Nodo XXI.
Guillermo Scherping. Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL).
Pablo Zenteno. Abogado, Encargado del Programa de Diálogo Social de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL).
Eugenio Rivera. Economista, Director del Área Económica de la Fundación Chile 21.
Raúl De La Puente. Sindicalista, Director del Programa Laboral de la Fundación Chile 21.
Martín Pascual. Licenciado en Ciencias Políticas.
Fernando Carmona. Economista, Encargado de Políticas Públicas de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL).
Gonzalo Martner. Economista y académico.
Hernán Frigolett. Economista, investigador del Instituto Igualdad.
Martín Oyarzo. Psicólogo, investigador del Programa de Políticas Públicas de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL).
Víctor Osorio. Director Ejecutivo de la Fundación Progresa.
Luis Villazón. Abogado, investigador del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL).
Fuente: Fundación Fiel Chile
Santiago, 20 de julio de 2020.