En el noveno taller interno de trabajo del Grupo de Puebla -organización de 52 líderes de 16 países-, que fue moderado por la jurista brasileña Carol Proner, y contó con las exposiciones de Juan Carlos Manríquez, litigante ante la Corte Penal Internacional; y de Juarez Tavarez, doctor en derecho penal; se debatió sobre el Lawfare o guerra jurídica en Chile, a raíz de la suspensión de los derechos civiles y políticos del excandidato presidencial chileno y fundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami.
En la jornada, la jurista y coordinadora del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), Carol Proner, comentó que “todos estamos mirando el tema del Lawfare en términos comparativos, encontrando los elementos comunes en realidades totalmente distintas y en un contexto de guerra jurídica regional”.
Seguido a eso, la jurista Charlotth Back, miembro también de CLAJUD, procedió a leer una carta del expresidente de Brasil, Luis Inácio “Lula” da Silva, recientemente absuelto de todas las acusaciones en su contra, en la cual apoya y solidariza con su par, Marco Enríquez-Ominami, ante la persecución judicial con fines políticos en su contra. “Jueces y fiscales -movidos por intereses personales y amparados en aparentes afanes de justicia- han buscado notoriedad, sacrificando personas y erosionando la democracia en el continente. Por eso, expreso mi apoyo especial a Marco Enríquez-Ominami para que en un breve plazo se disponga el restablecimiento de los derechos fundamentales que ilegítimamente le han sido perturbados, en un escenario histórico para Chile”, escribió el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil.
El primer expositor de la jornada, el chileno destacado en tres ocasiones en el Ranking estadounidense Best Lawyers en el área de Defensa Criminal, Juan Carlos Manríquez, explicó, respecto al caso de Marco Enríquez-Ominami, que “El lawfare se entiende desde el punto de vista más amplio como un arma diseñada para atacar, despreciar y disponer a otro ante el colectivo social, es una infamia orquestada. En este caso, el proceso legal se está usando con una prolongación extensa e indebida, porque termina vulnerando el derecho de ser juzgado en un plazo razonable”.
“La extensión del proceso, la mediatización, la utilización del proceso como elemento de demolición en los medios, el foro que va construyendo una opinión negativa, provoca uno de los puntos que hacen que este caso pueda llegar a ser configurativo de una persecución nula: es la creación de expectativas ilegales utilizando la ilegalidad, se construye una realidad mediante las palabras, y en este caso, lo que se hace es que al avanzar el proceso judicial, el colectivo social donde se desarrolló ese juicio, queda con una sola esperanza, que en ese caso sólo puede haber condena ante la repetición mediática”, continuó Manríquez.
Por su parte, el doctor en Derecho Penal, Juarez Tavarez, comentó que “El lawfare es una intervención directa en el núcleo de la democracia, y sin la complicidad de los medios de comunicación no hay Lawfare, es increíble el efecto que pueden tener en las personas”.
“En el caso de Marco, creo que si la Comisión Interamericana de DDHH, no acoge su pedido para declarar la ofensa de la norma de la justicia chilena a la convención interamericana, entonces mejor que se deshaga la Comisión Interamericana de DDHH porque que no sirve para nada”, sentenció el destacado jurista de Brasil.
Al final del encuentro, el expresidente de Colombia y fundador del Grupo de Puebla, Ernesto Samper, expresó su apoyo al excandidato presidencial chileno. “Mi mayor afecto y aprecio a Marco Enríquez-Ominami, que al igual que el expresidente Lula, es víctima de Lawfare y persecución judicial. Marco, de lo único que es culpable, es de ser inocente”.