{:es}MANIFIESTO PROGRESISTA DEL GRUPO DE PUEBLA{:}{:en}Preamble{:}{:pt}Preâmbulo{:}

{:es}Como ciudadanas y ciudadanos demócratas y progresistas, reunidos alrededor de la defensa de los principios básicos de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la soberanía y la justicia social, declaramos nuestra coincidencia en este MANIFIESTO PROGRESISTA. Lo presentamos como punto de partida de un proceso de construcción colectiva de un proyecto político alternativo para América Latina y el Caribe. Esperamos que sirva de referencia para la formulación de propuestas nacionales progresistas en nuestros países.

Las y los integrantes del Grupo de Puebla a través de su Consejo Ejecutivo, su Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia, su Grupo Parlamentario y su Centro de pensamiento Marco Aurelio García consideran que:

La humanidad enfrenta el mayor de sus desafíos: la vida en el planeta está en peligro. En ese contexto, la trágica situación sanitaria desatada por el Covid-19 ha significado para América Latina pérdidas irreparables en términos de vidas, además de agravar y profundizar la crisis económica y social que venía arrastrándose por años, como consecuencia, entre otros, de los golpes brutales o híbridos asestados en contra de los gobiernos progresistas de la región. Asimismo, algunas administraciones han defendido posturas negacionistas sobre la pandemia dejando entrever su incompetencia y negligencia, y perjudicando con ello no sólo a sus respectivos países, sino al conjunto de la región.

La pandemia ha desnudado las profundas desigualdades consecuencia del modelo neoliberal y que se han reflejado en la distribución de las vacunas. Estas injusticias se observan en las marcadas asimetrías en su producción y distribución y de las cuales depende la vida de millones de personas. La industria farmacéutica concentra la posibilidad de dotación de la misma imponiendo a su antojo las condiciones de venta a los países del Sur Global e incluso afectando la iniciativa COVAX lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar su acceso equitativo. Contemplamos con extrema preocupación la posibilidad de que países de ingresos bajos y medios no puedan acceder a los medicamentos. Solamente apelando a la solidaridad y a la igualdad, la humanidad estará en capacidad de superar esta pandemia.

El modelo neoliberal apoyado en la financiación del capital, promueve la desigualdad extrema y la precariedad del mercado laboral, fragiliza el Estado de Bienestar y la democracia, socava derechos sociales, amenaza el medioambiente, deriva en crisis económicas recurrentes y ha convertido en incompatibles el crecimiento sostenible y la justicia social. Su agotamiento y consecuente crisis económica y social ha generado un crecimiento de la extrema derecha en varias latitudes, que pone en riesgo las democracias, incluso en países con una trayectoria significativa democrática. Este modelo incompatible con la vida debe sustituirse por uno que reivindique la solidaridad, la justica y formas de democracia sustantivas. Nos urge un nuevo rumbo para los pueblos de América Latina, el Caribe e Iberoamérica.

Para este objetivo, es indispensable recuperar la integración, la unidad y la concertación política, pues, pocas veces en la historia, América Latina y el Caribe habían estado tan divididas, al tiempo que urge la unidad para enfrentar complejos retos en el corto, mediano y largo plazo.

En medio de la pandemia, abundan las amenazas contra la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes, y en particular, las guerras jurídicas o lawfare que afectan derechos elementales de líderes y lideresas del progresismo. Es necesario acudir a una defensa cerrada de la democracia en medio de una coyuntura donde al autoritarismo es una posibilidad fehaciente. Ante ese agresivo nacionalismo conservador y neofascista, se debe responder con más Estado social de derecho y reivindicando el derecho social al Estado.

                                Considerando todo lo anterior, proponemos:

1. Instituir un modelo solidario de desarrollo. Necesitamos poner en marcha un nuevo modelo solidario que garantice la consolidación de América Latina como zona de paz en el mundo, asegure la continuidad y el fortalecimiento de sus democracias, permita avanzar en la tarea de reducir la desigualdad social a través de una mayor inclusión, contribuya a la internacionalización y el crecimiento estable e integral de sus economías y haga realidad permanente la plena vigencia de los derechos humanos.

Se nos presenta la necesidad inaplazable de poner en marcha este modelo solidario que implica una estrategia de transición ecológica; reivindica el papel de la innovación, la ciencia y la tecnología y las convierta en prioridades del gasto público; recurre a las cadenas sociales de valor como un mecanismo para ser competitivos al tiempo que se vayan cerrando las brechas; e incorpora dentro de su ideario el ejercicio, con derechos y deberes, de una ciudadanía a escala regional, especialmente en momentos en que las garantías para los migrantes parecen en tela de juicio y el mundo transita hacia nuevas formas de segregación.

3. Recuperar el papel fundamental para el Estado. No puede pensarse en un futuro seguro, igualitario, libre y democrático, si no se recupera un rol activo y protagónico para el Estado, desmontado y debilitado según el dogma neoliberal. No se trata de regresar a fórmulas anteriores, sino de desarrollar su potencial de árbitro del mercado, en la distribución de bienestar colectivo, y recuperar el manejo público y la garantía de acceso igualitario de bienes y servicios de acceso universal y que representan derechos como la salud, la educación, el trabajo, la cultura, la seguridad alimentaria, el agua potable, la vivienda de interés social, la energía, la comunicación y la información y el conocimiento científico.
4. Estimular la responsabilidad social del mercado.La garantía de la empresa privada y su legítimo desarrollo incluye la obligación estatal de asegurar la libre competencia, defender al consumidor, proteger el trabajo digno y evitar prácticas monopólicas y oligopólicas. Así mismo, favorecer procesos compartidos de innovación para garantizar la calidad de los bienes sociales públicos y eliminar restricciones a la propiedad intelectual sobre bienes sociales de manera especial por la coyuntura. Por consiguiente, alertamos sobre la posibilidad de que las patentes se conviertan en impedimento para tener acceso a la salud como bien público.

La iniciativa privada debe ser solidaria con el Estado respecto del logro de sus metas en materia de inclusión social, generación de trabajos dignos y mayor participación democrática. El mercado no puede seguir siendo el paraíso de unos pocos y el infierno de muchos[1].

4. Asumir la salud como bien público global. La pandemia demostró la necesidad urgente de considerar la salud como un derecho de todas y todos para construir sistemas universales de salud pública. Además, la crisis evidenció la necesidad de que los Estados estén en la capacidad de producir vacunas, fármacos e insumos hospitalarios necesarios. Por lo tanto, se requiere de Estados que garanticen el derecho universal a la salud pública, con acceso real y efectivo a la ciudadanía, incluidas las y los migrantes. Las políticas de salud y de investigación científica, la producción y el acceso a medicamentos, no pueden depender de criterios asociados al mercado, sino de las prioridades y necesidades de nuestros pueblos.

En ese orden de ideas, el acceso universal a la vacuna del Covid-19 debe ser una exigencia del progresismo que ve con preocupación cómo se especula con su distribución y se somete a la lógica del mercado bajo el régimen del derecho privado. El Grupo de Puebla invita a las empresas, organizaciones y gobiernos que hoy controlan la producción y distribución de las vacunas a destinar, de forma inmediata, el 10% de sus existencias, para la atención en todos los países del mundo del personal medico y sanitario que está en la primera línea de combate del virus y la población mayor, así como aquella con patologías de riesgo.

5. Revisar privatizaciones y promover más control público y menos mercado en el suministro de servicios y bienes públicos. No solo la salud debe ser vista como un bien público. La distribución y redistribución exclusivamente por la vía del mercado impide el acceso a bienes y servicios básicos para millones de personas en condiciones vulnerables tales como la educación, la vivienda y la seguridad entre otros. De igual forma, la innovación, la eficiencia, el bienestar general, la justicia social, la redistribución de la renta y la riqueza, y la democracia representan ideales que solo se concretan con voluntad política, mediante la acción colectiva y no por mecanismos que presumen al mercado como una interacción perfecta entre oferta y demanda.

6. Proteger a la sociedad civil y acceso equitativo a redes sociales.Los movimientos sociales, su organización, la protesta social y su libre expresión a través de las redes deben ser protegidas y garantizadas por el Estado. Dicha protección será especialmente importante en estas épocas tanto durante como pos-pandemia cuando la inconformidad social resultante del empobrecimiento, la informalización laboral y el desempleo aumenten. Por ende, el descontento y la protesta deben encontrar canales democráticos y pacíficos para expresarse. La democracia debe entenderse como un proceso para convertir relaciones sociales de desigualdad de poder en vínculos de autoridad compartida[2].

7. Profundizar y consolidar las democracias. La crisis económica y social viene debilitando las democracias y los sistemas de representación política en todo el mundo. En América Latina y el Caribe, ese panorama podría ser incluso más crítico por la debilidad estructural de nuestros sistemas políticos. Abogamos por reformas estructurales que fortalezcan nuestras democracias, haciéndolas más participativas e incluyentes. Será necesario, por lo tanto, involucrar a los segmentos excluidos, marginados y explotados para convertirlos en actores dinámicos del proceso de toma de decisiones públicas. Necesitamos sistemas de gobierno que robustezcan y resignifiquen el papel de los partidos políticos, y estos retomen su carácter representativo al tiempo que se refuerzan los mecanismos de participación directa y avanzamos hacia democracias participativas y radicales.

8. Resistir y combatir la guerra híbrida. En el último tiempo, la región ha sido agredida por la llamada guerra híbrida, una iniciativa liderada por Estados Unidos que consiste en alterar el curso de nuestras democracias. La principal estrategia de esta nueva forma de guerra consiste en los golpes de Estado que, a diferencia del pasado no ocurren apelando a los militares, sino recortando las facultades de los Congresos y violando los derechos de los opositores con acciones como la violación de los domicilios, la represión generalizada y la intimidación en medios de comunicación y redes sociales. Tal agresión busca acomodar a América Latina dentro de la agenda geopolítica de Estados Unidos y puede incrementar y agudizar la pobreza, la miseria y el hambre. Esta nueva forma de golpe se puso en marcha contra Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Manuel Zelaya y Evo Morales.

9. Rechazar a las guerras jurídicas (lawfare). El Grupo de Puebla rechaza las guerras jurídicas (lawfare), que hacen parte de la guerra híbrida y han buscando recortar los derechos de organizaciones, movimientos o partidos progresistas. Estos procesos que se vienen adelantando, con apoyo de Estados Unidos, contra dirigentes progresistas de la región buscan impedirles elegir y ser elegidos mediante el recorte de sus derechos al debido proceso y la estigmatización mediática por parte de poderes fácticos que han desplazado los espacios democráticos ocupados por los partidos. Los y las líderes y lideresas progresistas tienen pleno derecho a ejercer su liderazgo con garantías para su vida, libertad, movilidad, expresión y arraigo geográfico. Recordamos que el poder judicial pertenece al pueblo, por ende, debe rescatarse como un servicio público con jueces que defiendan este poder popular de postulados sectarios en contra de la ciudadanía, líderes y lideresas opositores y en beneficio de los gobiernos de turno. En este sentido, destacamos la labor que viene desarrollando el Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia (CLAJUD), creado por el Grupo, contra la judicialización de la política y la politización de la justicia.

10. Defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela de las agresiones e injerencias de potencias o terceros Estados. Varios de los países de la región han sido objeto de acciones tendientes a la desestabilización a través de la imposición de bloqueos, sanciones económicas y políticas unilaterales contrarias al derecho internacional. Este tipo de posturas anacrónicas y caducas son aun mas graves en el contexto de la crisis sanitaria pues afectan el acceso a insumos, medicinas y medios para la contención de la pandemia. El Grupo de Puebla considera estas posturas como agresiones contra los segmentos más vulnerables de nuestros pueblos, además de una amenaza contra el proceso de integración. El progresismo promueve salidas en consonancia con la solución pacífica de conflictos, la no intervención y el apoyo a soluciones democráticas, pacíficas y negociadas.
    

11. Promover un combate efectivo contra la corrupción política. El Grupo de Puebla entiende que la lucha contra la corrupción pública -con una contraparte privada- empieza por recuperar el concepto de servicio público y erradicar del Estado las prácticas de mercado que convirtieron las decisiones de gobierno en subastas privadas de mercancías y servicios públicos. Para el caso concreto de la corrupción política se propone, como paso inicial, la financiación estatal e integral de todas las campañas políticas. Finalmente, en este combate contra la corrupción se debe llamar la atención sobre el daño que generan los “paraísos fiscales” que dificultan el rastreo de los recursos arrebatados de las fianzas públicas y vehiculan las estrategias de acumulación de capital por parte de las empresas transnacionales.
    

12. Generar cadenas sociales de valor.La creación de valor, a través de la reindustrialización, debe empezar por el desarrollo de cadenas sociales de valor de pequeñas y medianas empresas que actúen asociando eslabones productivos incluyentes y sostenibles ambientalmente. Este proyecto debe acompañarse con una mayor inversión en innovación, el desarrollo de infraestructuras regionales y la creación de mayores facilidades logísticas en un entorno internacional en el cual “vender” ha resultado más importante que “producir”.
    

13. Promover la igualdad, eliminar la pobreza, crear trabajos dignos, aumentar salarios e implantar políticas robustas de inclusión social y la eliminación de la división sexual del trabajo. Debemos trabajar en la promoción activa de la igualdad social y la eliminación de la pobreza, mediante la generación de trabajo digno, el reconocimiento del trabajo del cuidado, el aumento de los salarios básicos y la implantación de políticas integrales de inclusión social centradas un nuevo ciclo de crecimiento y un modelo solidario de desarrollo.
    

14. Establecer la Renta Básica Solidaria. El Grupo de Puebla propone, como punto de partida para enfrentar la crisis social agravada por la pandemia, que llevó millones a la pobreza, una Renta Básica Solidaria (RBS), de carácter temporal, por el período en que duren los efectos económicos y sociales de la pandemia. La RBS debe complementar los programas de transferencia de ingresos existentes. La RBS cubriría a los 83 millones de latinoamericanos que quedaron en la pobreza extrema después de la pandemia: 16 millones más tras ella y los 214 en la pobreza de acuerdo con los datos de la CEPAL.  
    

15. Promover la justicia fiscal. Para recuperar el papel de Estado será necesario promover reformas fiscales progresivas, con impuestos directos y progresivos a los ingresos y al patrimonio, la eliminación de exenciones y la penalización de la evasión tributaria, aliviando la carga fiscal sobre los más pobres, las clases medias y Pymes (pequeñas y medianas empresas). En contraste, se deben generar más impuestos progresivos sobre las grandes empresas y actores del sistema financiero que más utilidades generan.

De acuerdo con la CEPAL, como consecuencia de la evasión fiscal, la región pierde todos los años el equivalente al 6,3% del PIB regional, de modo que la implantación de un programa de ese tipo es factible, siempre y cuando se adapte a las distintas realidades económicas y sociales de cada país.

Es importante llamar a metas fiscales para concretar una política económica solidaria. Hacemos eco del llamado de la Comisión Independiente sobre la Reforma de la Fiscalidad en las Empresas, para que quienes generan más utilidades paguen un impuesto del 25% para financiar la pospandemia. 

16. Refinanciar la deuda externa y apoyar un mecanismo financiero internacional para la superación de la crisis. Los países latinoamericanos podrían acudir, cuando lo consideren necesario y de manera voluntaria, a la refinanciación de la deuda externa ante los organismos internacionales de crédito y los prestamistas privados. Se estima que una refinanciación por dos años de la deuda externa regional, en la hipótesis de que todos los países la solicitasen, movilizaría recursos por más de USD 250.000 millones, que ayudarían a financiar la reconstrucción de la estructura productiva cuyo costo ha sido estimando entre un 10% y 12% del PIB, durante los próximos años.

Paralelamente, podríamos apoyar un esfuerzo financiero internacional para la superación de la crisis, con la participación de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRD), o bancos de desarrollo regionales, para acceder a un programa de recursos y créditos en aras de impulsar las inversiones y retomar del crecimiento económico regional. Esta apuesta dependería de una negociación mundial, y podría apoyarse en una arquitectura financiera internacional al servicio de la economía real y la creación de empleos, y financiada con gravámenes a la movilidad mundial de los capitales, como la Tasa Tobin e impuestos sobre las grandes firmas de plataformas digitales.

17. Acudir a emisiones directas de los bancos centrales para los gobiernos.Los países europeos están demostrando que en casos de calamidades como la que atravesamos, la financiación de programas con recursos de emisión es legítima. El espacio dejado por tasas negativas de inflación y la necesidad de expandir la demanda para reactivar la economía y reconstruir el tejido social, justificaría plenamente este mecanismo en algunas economías de América Latina y el Caribe. Una idea que debería contemplarse consiste en la eliminación de la regla fiscal y que sean directamente los gobiernos y no la banca privada quienes gestionen los recursos para la recuperación.
    

18. Establecer una nueva política económica solidaria.La política social no puede subordinarse a las prioridades de corto plazo de la economía. La región requiere una política económica contracíclica, generosa en épocas de escasez, sometida a prioridades sociales en materia de empleo e igualdad, sostenida fiscalmente en impuestos progresivos y con control soberano de la entrada y salida de capitales internacionales. Los gobiernos progresistas, al comenzar el siglo, demostraron que la estabilidad macroeconómica se puede conseguir sin sacrificar metas de crecimiento e inclusión social.
    

19. Generar empleo y desarrollo al tiempo que se garantiza la estabilidad macroeconómica y rechazo a la austeridad. Las políticas ortodoxas de austeridad causan enorme daño a nuestras economías y sociedades, especialmente en un ambiente de contracción económica, estancamiento del comercio mundial y agotamiento de las inversiones privadas. Consideramos que es obligación del Estado garantizar una política macroeconómica que conjugue el control de la inflación, la generación de empleo digno y la promoción del desarrollo sostenible. Ello implicará en muchos casos la modificación de las metas de la política monetaria a cargo de bancos centrales con una autonomía que dependa de la protección del interés general y colectivo.
    

20. Instituir una nueva arquitectura financiera regional. El Modelo Solidario de Desarrollo (MSD) podría apoyarse en una nueva arquitectura financiera regional que asegure su independencia. Esta estructura estaría conformada por una red de bancos regionales que atenderán los financiamientos sectoriales y la remergencia de la idea del Banco del Sur. Se precisa una ampliación del actual Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) para financiar los equilibrios de pagos. La región debe liberarse de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Para las operaciones financieras de infraestructura y proyectos de desarrollo tecnológico se buscarían alianzas temporales con bancos internacionales, especialmente de países del Sur Global, como los organismos que atienden los BRICS y agencias financieras asiáticas, que ya demostraron interés en apoyar inversiones en América Latina y el Caribe. El escenario de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) podría ser aprovechado para impulsar acuerdos de pago en monedas nacionales o fortalecer los mecanismos existentes.
    

21. Implantar una nueva industrialización y la transición verde. En materia de generación de empleo, se debe procurar un nuevo modelo de desarrollo fundamentado en el reemplazo de las actividades extractivistas por una nueva industrialización bajo parámetros de sostenibilidad ambiental y en clave de transición ecológica. De igual manera, debemos trabajar en una reforma rural integral que garantice el acceso a la tierra a las y los campesinos, apoyando la agricultura familiar y campesina, promoviendo la agricultura baja en carbono destinada a la producción de alimentos saludables y compatibles con el medio ambiente, todo lo anterior, dentro de criterios de incremento de la productividad con base en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto implica mayor apoyo a las demandas del ambientalismo en su lucha contra los transgénicos, la defensa de la biodiversidad y la protección de reservas ecológicas seriamente amenazadas.
    

22. Incluir el buen vivir o vivir bien como paradigma. Retomando las enseñanzas de los pueblos originarios se debe adoptar el concepto de sumak kawsay (buen vivir) o suma qamaña (vivir bien) como marco de referencia para el mejoramiento de la calidad de vida dentro de una hermandad histórica, cultural y espiritual. Esta noción de los pueblos originarios andinos coincide con la propuesta del Papa Francisco de estimular la fraternidad global dejando de lado la “cultura de los muros” que termina por esclavizar a los que los construyen encerrándose dentro de sus propias cárceles, sin dejar lugar al reconocimiento del “otro”, base de la convivencia global[3].
    

23. Promover la construcción de ciudadanía.El concepto de ciudadanía tiene que ver con el sitio donde se nace y se vive y el derecho a tener derechos, así como la posibilidad de ejercerlos en cualquier parte del mundo. La libre movilidad de las personas dentro de un espacio geográfico es la esencia de la integración en el siglo XXI. ¿Cómo entender la exigencia permanente por facilitar la movilidad de las mercancías, los servicios, los capitales y los datos frente a los obstáculos levantados para impedir la de las personas?  Movilidad para nacer, trabajar, estudiar, conocer, elegir, ser elegida o elegido, pensionarse o morir dignamente. La construcción de la ciudadanía latinoamericana, a través de la eliminación de todas las barreras que dificultan que una persona ejerza dentro de la región sus derechos constituye el desafío más importante de cara al siglo XXI. La meta es que, al final del proceso, no existan migrantes sino ciudadanos de la región y del mundo.
    

24. Garantizar el acceso a la información, la libertad de expresión y promover un orden informativo más democrático. La proliferación de información no ha derivado en un acceso masivo y equilibrado. Hace unos años, se pensó que las plataformas y las redes sociales servirían per se a causas populares y a la expansión de la participación democrática. La realidad nos muestra un cuadro cuasi monopólico de grandes conglomerados cuya llegada fortalece sus modelos de negocios basado en la obtención y venta de datos personales y perfiles y la facilitación de discursos antidemocráticos. Ello no solo ha ampliado las brechas desde una mirada interseccional sino que ha permitido ilegales interferencias con procesos electorales. Hoy, amplios sectores de la sociedad están privados del acceso a la información y a las nuevas tecnologías. Debemos trabajar para democratizar las comunicaciones de forma tal que se garantice el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones como derechos, y se protejan los datos de todas las personas.
    

25. Fortalecer la convergencia para la integración.El Grupo de Puebla propone un proceso de convergencia de sus actuales mecanismos de integración subregional[4] hasta llegar a un escenario de articulación y diálogo en la CELAC, donde hoy concurren los 34 países de la región. A partir de la matriz de convergencia, que diseñó UNASUR, se identificarían las fortalezas, duplicidades y especialidades de cada organismo para definir el campo de acción de una revigorizada CELAC, empoderada a través de una Secretaría General, con un respaldo técnico, representando la región ante un nuevo sistema multilateral de gobierno. La convergencia no supone la eliminación de foros, convenciones u organismos de concertación regional, sino una articulación dinámica de quienes componen el universo de la integración en América Latina y el Caribe.  
    

26. Promover la integración latinoamericana soberana. Los espacios de integración regional deben tener como objetivos principales la preservación de la región como zona de paz, la construcción de ciudadanía, la promoción del desarrollo común, la vigencia de los derechos humanos, la consolidación de la soberanía y el fortalecimiento del mercado regional. De igual modo, resulta indispensable reimpulsar la integración latinoamericana para que, conjuntamente, los países de la región recuperen la autonomía frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las instituciones del capital financiero internacional, como las agencias calificadoras de riesgo, las cuales, bajo la amenaza de revisar evaluación por país, provocan crisis cambiarias y ponen en jaque el actuar soberano de la política económica. Igualmente, es necesario priorizar los derechos humanos frente a las obligaciones derivadas de los tratados de comercio e inversión y vincularlos al respeto de estándares sociales y ambientales, evitando que los procesos de arbitraje internacional vulneren los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza.
    

27. Apoyar la reforma del sistema de Naciones Unidas en aras de fortalecer el multilateralismo y la multipolaridad.El Grupo de Puebla apoya la añorada reforma del sistema vigente de Naciones Unidas en aras de fortalecerlo. Son síntomas de su debilitamiento: el desfinanciamiento de su subsistema social (UNESCO, OIT, FAO, entre otras); la excesiva focalización de sus operaciones de mantenimiento militar de la paz; las condicionalidades sociales impuestas por los organismos que conforman su subsistema económico (FMI, Banco Mundial y OMC); y, la ausencia de sistemas democráticos de decisión en sus órganos políticos (Asamblea General y el Consejo de Seguridad). Al apoyar la necesaria reforma del sistema de Naciones Unidas, el Grupo de Puebla reitera también su apoyo al multilateralismo como fórmula de convivencia global, su rechazo a las hegemonías y la necesidad de crear un orden internacional más simétrico, justo y multipolar.  
    

28. Promover la revolución del conocimiento. La nueva industrialización y un nuevo modelo de desarrollo sostenible demandarán que el conocimiento se convierta en una fuente de los cambios económicos, sociales y políticos acá propuestos.  La región deberá invertir masivamente en educación pública de calidad, en todos los niveles de forma tal que contemos con una ciudadanía informada como fundamento para el modelo de desarrollo basado en la solidaridad y la innovación. El Grupo de Puebla propone llevar la inversión en ciencia y tecnología hasta el 2% del PIB en 2030, meta flexible y adaptada a las distintas condiciones de los países de nuestra región. Así mismo, sugerimos la composición de una Misión Científica que identifique y priorice los campos hacia los cuales debe dirigirse ese esfuerzo, haciendo énfasis en la investigación biológica, el desarrollo de cadenas sociales de valor, la calidad de servicios sociales, la atención de enfermedades tropicales, el desarrollo de vacunas y fármacos, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo de energías alternativas y la protección de bosques y aguas. Del mismo modo, el Grupo de Puebla propone que los países hagan inversiones expresivas en la inclusión digital, como instrumento para dinamizar la educación y la difusión de informaciones.

29. Introducir una agenda cultural para las identidades.La integración nace de la identidad. El Grupo de Puebla rechaza el paradigma de una cultura única global y aboga por la multiculturalidad como camino para una convivencia regional con la alteridad que supone el reconocimiento del otro. Para el respeto de esta identidad diversa e inclusiva se precisa la construcción de una agenda cultural regional que revalide raíces, narrativas y valores comunes, apoye los gestores y trabajadores culturales y promueva las industrias culturales que además de hacer explícitos estos contenidos identitarios los haga social y económicamente productivos.
    

30. Promover la igualdad de género como motor de la transformación progresista. La crisis sanitaria ha visibilizado, para gobiernos y ciudadanía, las graves situaciones de desigualdad y discriminación que viven las mujeres, sobre todo aquellas de comunidades étnicas, campesinas, trabajadoras informales y tercera edad, entre otras. La pandemia, y las medidas sanitarias como el confinamiento en los hogares, afecta a las mujeres, niñas y adolescentes en dos aspectos: la violencia en su contra, que se ha visto agravada por la obligatoriedad de convivir con los agresores y la imposibilidad, en muchos casos, de pedir ayuda y acudir a las instancias de administración y procuración de justicia. Y, en segundo lugar, por la afectación a su autonomía económica, ya que un alto número de mujeres hace parte del sector informal de la economía altamente afectado por la crisis sanitaria. A lo anterior se suman discriminaciones laborales; la limitación de derechos sexuales y reproductivos; la ausencia de reconocimiento por los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados que desempeñan y, la falta de acceso y participación paritaria en la esfera pública. La omisión y la lentitud de reacción de las autoridades para restituir sus derechos y dignidad agravan la situación.

La eliminación de todas las formas de invisibilización, violencia, opresión y discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes, debe ser un compromiso inaplazable y, por ende, la perspectiva de género y de derechos humanos; la interseccionalidad, y la promoción y protección de estos derechos humanos de las mujeres debe ser un sello distintivo de progresismo.

31. Combatir el racismo estructural y todas las formas de discriminación. Además de luchar contra el patriarcado, será imprescindible combatir el racismo estructural y todas las otras formas de discriminación, como la lesbofobia, la homofobia, la transfobia y todas aquellas relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, que crean enormes desigualdades y posicionan a mujeres y hombres en condiciones extremas de vulnerabilidad, violencia y exclusión. Nuestro objetivo debe ser la construcción de sociedades post-raciales, post-patriarcales, profundamente igualitarias y no discriminadoras.

32. Lograr y preservar la paz. Como expresión de fuerzas progresistas, el Grupo de Puebla alienta toda iniciativa que conduzca a establecer o fortalecer la paz en las naciones latinoamericanas, en el continente y en el mundo. Rechaza el uso de la violencia en cualquiera de sus formas, la incitación al odio, la intervención extranjera o la promoción de la guerra para imponer el dominio de grupos de poder nacionales o transnacionales. De igual modo, fomenta la reorientación de recursos que utilizan hoy los Estados para la producción, la compra o el comercio de armas, para que se destinen al sistema de salud y educación. Asimismo, exhorta a todos los gobiernos de la región a contribuir a la prohibición internacional del uso de armas nucleares en el planeta, a evitar su proliferación, así como a estimular el desmantelamiento de los arsenales nucleares.

33. Apoyar la movilización social. El Grupo de Puebla respalda las movilizaciones sociales como una expresión genuina de inconformidad y cambio que debe garantizarse como un derecho. A su vez, expresa su preocupación por la militarización de las respuestas a la protesta social. La movilización social es un derecho y una garantía inscrita dentro de los sistemas democráticos, por lo que el uso desproporcionado de la fuerza para combatirla constituye una grave amenaza contra la democracia.                                                      

 

Finalmente:

Nuestro deber, como progresistas, consiste en leer, entender y comprender el vigoroso, aunque doloroso mensaje, de parar, reflexionar y seguir que nos deja la pandemia.  Nos urge trabajar en un proyecto político que conmueva y convenza a las y los supervivientes del viejo modelo de que aún existen en América Latina y el Caribe utopías alternativas posibles. La utopía posible que hoy nos reúne es la construcción del nuevo ser progresista latinoamericano: más solidario en lo social, más productivo en lo económico, más participativo en lo político, más pacifico con la naturaleza, y, sobre todo, más orgulloso de su condición de ciudadana y ciudadano de América Latina y del Caribe.

 

[1] Luis Inacio Lula da Silva

[2] De Sousa Santos, Boaventura (2017). Democracia y transformación social. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

[3] Encíclica Fratelli Tutti, 2020

[4] Comunidad Andina, UNASUR, Mercosur, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Alba, Caricom, Alianza del Pacífico, Asociación de Estados del Caribe y SICA.{:}{:en}As democratic and progressive citizens, gathered around the defense of the basic principles of freedom, equality, solidarity, sovereignty and social justice, we hereby declare our coincidence in this PROGRESSIVE MANIFESTO. We present it as a starting point of a process of collective building of an alternative political project for Latin America and the Caribbean, We hope it serves as a reference in order to formulate national progressive proposals in our countries.

The members of the Grupo de Puebla, through its Executive Council, its Latin American Council for Justice and Democracy, its Parliamentary Group and its Center of Thought Marco Aurelio Garcia consider:

Humankind is facing its greatest challenge: life on planet Earth is endangered. In this context, the tragic sanitary crisis unleashed by Covid-19 has meant irreparable loses in Latin America, in terms of lifes, while it has also aggravated and deepened the economic and social crisis, which had been dragging on for years as a consequence, among others, of brutal or hybrid blows which progressive governments in the region have received. Likewise, some administrations have defended negationist postures about the pandemic, showing their incompetence and negligence and endangering not only their countries but every country in the region.

The pandemic has unveiled the deep inequalities that are a consequence of the neoliberal model and it has been shown by the vaccine distribution. Such unjustice can be observed in the deep asymmetry in its production and distribution even though millions of lives depend on this process. The pharmaceutical industry concentrates the possibility of allocating the vaccine while holding a dominant position to negotiate with the countries of the Global South, and even affecting the COVAX initiative launched by the World Health Organization (WHO) in order to guarantee equitable access. We see with a lot of worry the possibility that countries with both low and medium income cannot access the medication. Only through solidarity and equality humankind will be able to overcome this pandemic.

The neoliberal model, which relies on the capital financing, promotes extreme inequality and precariousness on the job market, it makes the Welfare State and democracy fragile, it undermines social rights , threatens the environment, it leads to recurring economic crisis and it has become incompatible with sustainable growth and social justice. The decline of the neoliberal model and its subsequent economic and social crisis had led to the growth of the far right in some countries, which endangers democracy, even in countries with a significant democtatic history. This model, which is incompatible with life, must be substituted by one that can claim solidarity, justice and substantial democracies. It is urgent to take a new path for the people of Latin America, the Caribbean and Iberoamerica.

In order to achieve this goal it is essential to recover integration, unity and political concertation. Latin America and the Caribbean have only a few times in history been so divided, while it is urgent to achieve unity to face the challenges in the near, medium and large term.

In the midst of a pandemic, there are several threats on Democracy, the Rule of Law and the separation of powers, and particularly, judiciary wars or lawfare which affect fundamental rights of the leaders of progressiveness. It has become necessary to play a closed defense of democracy in the middle of a particular moment in which authoritarianism is a real possibility. In the face of such aggressive conservative and neofascist nationalism, it is necessary to answer with more social presence of theState and claiming the Welfare State

Considering all of the above:

1. To institute a solidarity-based development model. We need to implement a new solidarity model that guarantees the consolidation of Latin America as a zone of peace in the world, ensures the continuity and strengthens its democracies, allows progress in the task of reducing social inequality through greater inclusion, contributes to the internationalization and stable and integral growth of its economies and makes the full enjoyment of human rights a permanent reality.

There is an urgent need to implement this model of solidarity which implies a strategy of ecological transition; vindicates the role of innovation, science and technology and makes them priorities in public spending; resorts to social value chains as a mechanism to be competitive while closing gaps; and incorporates within its ideology the exercise, with rights and duties, of citizenship on a regional scale, especially at a time when the guarantees for migrants seem to be in question and the world is moving towards new forms of segregation.

2. To recover the fundamental role of the State. A secure, egalitarian, free and democratic future cannot be envisaged without recovering an active and leading role for the State, which has been dismantled and weakened under neoliberal dogma. It is not a matter of returning to previous formulas, but of developing its potential as arbiter of the market, in the distribution of collective welfare, and recovering public management and the guarantee of equal access to goods and services of universal access and that represent rights such as health, education, work, culture, food security, drinking water, social housing, energy, communication and information and scientific knowledge.

3. To stimulate the social responsibility of the market. The guarantee of private enterprise and its legitimate development includes the State’s obligation to ensure free competition, defend consumers, protect decent work and avoid monopolistic and oligopolistic practices. Likewise, to favor shared innovation processes to guarantee the quality of public social goods and to eliminate restrictions to intellectual property on social goods, particularly due to the current situation. Therefore, we warn about the possibility of patents becoming an impediment to access to health as a public good.

Private initiative must be in solidarity with the State in achieving its goals in terms of social inclusion, generation of decent jobs and greater democratic participation. The market cannot continue to be the paradise of a few and the hell of many[1].

4. To assume health as a global public good. The pandemic demonstrated the urgent need to consider health as a right for everyone in order to build universal public health systems. In addition, the crisis demonstrated the need for States to be able to produce the necessary vaccines, drugs and hospital supplies. Therefore, States are required to guarantee the universal right to public health, with real and effective access to citizens, including migrants. Health and scientific research policies, production and access to medicines cannot depend on criteria associated with the market, but on the priorities and needs of our peoples.

In this order of ideas, universal access to the Covid-19 vaccine should be a demand of progressivism that sees with concern how its distribution is speculated and subjected to the logic of the market under the regime of private law. The Grupo de Puebla invites the companies, organizations and governments that today control the production and distribution of vaccines to immediately allocate 10% of their stocks for the care in all countries of the world of medical and health personnel who are in the first line of combat of the virus and the elderly population, as well as those with pathologies at risk.

5. To review privatizations and promote more public control and less market in the provision of public goods and services. Not only health should be seen as a public good. Distribution and redistribution exclusively through the market impedes access to basic goods and services for millions of people in vulnerable conditions such as education, housing and security, among others. Similarly, innovation, efficiency, general welfare, social justice, redistribution of income and wealth, and democracy represent ideals that can only be achieved with political will, through collective action, and not through mechanisms that presume the market as a perfect interaction between supply and demand.

6. To protect civil society and equitable access to social networks. Social movements, their organization, social protest and their free expression through networks must be protected and guaranteed by the State. Such protection will be especially important in these times both during and post-pandemic when social discontent resulting from impoverishment, labor informalization and unemployment will increase. Thus, discontent and protest must find democratic and peaceful channels for expression. Democracy must be understood as a process of converting social relations of unequal power into bonds of shared authority2].

7. To deepen and consolidate democracies. The economic and social crisis has been weakening democracies and systems of political representation throughout the world. In Latin America and the Caribbean, this scenario could be even more critical due to the structural weakness of our political systems. We advocate structural reforms to strengthen our democracies, making them more participatory and inclusive. It will be necessary, therefore, to involve the excluded, marginalized and exploited segments in order to turn them into dynamic actors in the public decision-making process. We need systems of government that strengthen and redefine the role of political parties, and that reinstate their representative character while strengthening the mechanisms of direct participation and advancing towards participatory and radical democracies.

8. To resist and combat hybrid warfare. In recent times, the region has been attacked by the so-called hybrid war, an initiative led by the United States that consists of altering the course of our democracies. The main strategy of this new form of warfare consists of coups d’état which, unlike in the past, do not occur by appealing to the military, but by curtailing the powers of Congresses and violating the rights of opponents through actions such as the violation of homes, generalized repression and intimidation in the media and social networks. Such aggression seeks to accommodate Latin America within the geopolitical agenda of the United States and may increase and aggravate poverty, misery and hunger. This new form of coup was carried out against Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Manuel Zelaya and Evo Morales.

9. To reject lawfare. The Grupo de Puebla rejects lawfare, which is part of hybrid warfare and has sought to curtail the rights of progressive organizations, movements or parties. These processes that are being carried out, with the support of the United States, against progressive leaders in the region seek to prevent them from electing and being elected through the curtailment of their rights to due process and media stigmatization by de facto powers that have displaced the democratic spaces occupied by the parties. Progressive leaders have the full right to exercise their leadership with guarantees for their life, freedom, mobility, expression and geographic roots. We recall that the judiciary belongs to the people, therefore, it must be rescued as a public service with judges who defend this popular power from sectarian postulates against the citizenry, opposition leaders and for the benefit of the governments in power. In this sense, we highlight the work being developed by the Latin American Council for Justice and Democracy (CLAJUD), created by the Group, against the judicialization of politics and the politicization of justice.

10. To defend Cuba, Nicaragua and Venezuela from aggression and interference by powers or third states. Many of the countries in the region have been subjected to destabilizing actions through the imposition of blockades, economic sanctions and unilateral policies contrary to international law. These types of anachronistic and outdated positions are even more serious in the context of the health crisis because they affect access to supplies, medicines and means to contain the pandemic. The Grupo de Puebla considers these positions as aggressions against the most vulnerable segments of our peoples, as well as a threat against the integration process. Progressivism promotes solutions in line with the peaceful resolution of conflicts, non-intervention and support for democratic, peaceful and negotiated solutions.

11. To promote an effective fight against political corruption. The Grupo de Puebla understands that the fight against public corruption -with a private counterpart- begins with recovering the concept of public service and eradicating from the State the market practices that turned government decisions into private auctions of goods and public services. In the specific case of political corruption, it is proposed, as an initial step, the integral state financing of all political campaigns. Finally, in this fight against corruption, attention should be drawn to the damage caused by “tax havens”, which make it difficult to trace the resources taken from public bonds and which serve as a vehicle for capital accumulation strategies by transnational corporations.

12. To Generate social value chains. Value creation, through reindustrialization, must begin with the development of social value chains of small and medium-sized enterprises that act by associating inclusive and environmentally sustainable productive links. This project must be accompanied by greater investment in innovation, the development of regional infrastructure and the creation of greater logistical facilities in an international environment in which “selling” has become more important than “producing”.

13. To promote equality, eliminate poverty, create dignified jobs, increase wages and implement robust policies for social inclusion and the elimination of the sexual division of labor. We must work towards the active promotion of social equality and the elimination of poverty, through the generation of dignified work, the recognition of care work, the increase of basic wages and the implementation of comprehensive social inclusion policies focused on a new cycle of growth and a solidarity-based model of development.

14. To establish the Basic Solidarity Income. The Grupo de Puebla proposes, as a starting point to address the social crisis aggravated by the pandemic, which drove millions into poverty, a Basic Solidarity Income (BSI), of a temporary nature, for the duration of the economic and social effects of the pandemic. The BBS should complement existing income transfer programs. The RBS would cover the 83 million Latin Americans who remained in extreme poverty after the pandemic: 16 million more after the pandemic and 214 million more in poverty according to ECLAC data.

15. To promote tax justice. To recover the role of the State, it will be necessary to promote progressive tax reforms, with direct and progressive taxes on income and wealth, the elimination of exemptions and the penalization of tax evasion, easing the tax burden on the poorest, the middle classes and SMEs (small and medium-sized enterprises). In contrast, more progressive taxes should be levied on the large companies and actors in the financial system that generate the most profits.

According to ECLAC, as a consequence of tax evasion, the region loses every year the equivalent of 6.3% of the regional GDP, so that the implementation of such a program is feasible, as long as it is adapted to the different economic and social realities of each country.

It is important to call for fiscal targets to concretize a solidarity-based economic policy. We echo the call of the Independent Commission on Corporate Tax Reform for those who generate the most profits to pay a 25% tax to finance the post-pandemic.

16. To refinance the external debt and support an international financial mechanism to overcome the crisis. Latin American countries could, when they consider it necessary and on a voluntary basis, refinance their external debt with international lending agencies and private lenders. It is estimated that a two-year refinancing of the regional external debt, assuming that all countries request it, would mobilize resources of more than USD 250 billion, which would help finance the reconstruction of the productive structure, the cost of which has been estimated at between 10% and 12% of GDP over the next few years.

At the same time, we could support an international financial effort to overcome the crisis, with the participation of multilateral organizations, such as the World Bank and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), or regional development banks, to access a program of resources and credits in order to boost investments and resume regional economic growth. This would depend on a global negotiation, and could be supported by an international financial architecture at the service of the real economy and job creation, and financed by levies on the global mobility of capital, such as the Tobin Tax and taxes on large digital platform firms.

17. To direct issuance by central banks to governments. European countries are demonstrating that in cases of calamities such as the one we are going through, the financing of programs with issuance resources is legitimate. The space left by negative inflation rates and the need to expand demand to reactivate the economy and rebuild the social fabric would fully justify this mechanism in some Latin American and Caribbean economies. One idea that should be considered is the elimination of the fiscal rule and the direct management of resources for recovery by governments and not by private banks.

18. To establish a new economic policy based on solidarity. Social policy cannot be subordinated to short-term economic priorities. The region requires a countercyclical economic policy, generous in times of scarcity, subject to social priorities in terms of employment and equality, fiscally sustained by progressive taxes and with sovereign control over the inflow and outflow of international capital. Progressive governments, at the beginning of the century, demonstrated that macroeconomic stability can be achieved without sacrificing growth and social inclusion goals.

19. To generate employment and development while ensuring macroeconomic stability and rejecting austerity. Orthodox austerity policies cause enormous damage to our economies and societies, especially in an environment of economic contraction, stagnation of world trade and depletion of private investment. We believe that it is the State’s obligation to guarantee a macroeconomic policy that combines inflation control, the generation of decent employment and the promotion of sustainable development. In many cases, this will imply the modification of monetary policy goals by central banks with autonomy that depends on the protection of the general and collective interest.

20. To Install a new regional financial architecture. The Solidarity Model of Development (MSD) could be supported by a new regional financial architecture to ensure its independence. This structure would be made up of a network of regional banks that would attend to sectoral financing and the re-emergence of the idea of the Bank of the South. An expansion of the current Latin American Reserve Fund (FLAR) is needed to finance the balance of payments. The region must free itself from the conditionalities of the International Monetary Fund and the World Bank. For financial operations for infrastructure and technological development projects, temporary alliances would be sought with international banks, especially from countries of the Global South, such as the organizations that serve the BRICS and Asian financial agencies, which have already shown interest in supporting investments in Latin America and the Caribbean. The Latin American Integration Association (ALADI) scenario could be used to promote payment agreements in national currencies or strengthen existing mechanisms.

21. To Implement a new industrialization and green transition. In terms of employment generation, we must seek a new development model based on the replacement of extractivist activities with a new industrialization under parameters of environmental sustainability and in the key of ecological transition. Similarly, we must work on a comprehensive rural reform that guarantees access to land for peasants, supporting family and peasant agriculture, promoting low-carbon agriculture aimed at the production of healthy and environmentally compatible food, all within the criteria of increased productivity based on new information and communications technologies. This implies greater support for the demands of environmentalism in its struggle against transgenic crops, the defense of biodiversity and the protection of seriously threatened ecological reserves.

22. To Include good living or living well as a paradigm. Returning to the teachings of the native peoples, the concept of sumak kawsay (good living) or suma qamaña (living well) should be adopted as a frame of reference for the improvement of the quality of life within a historical, cultural and spiritual brotherhood. This notion of the native Andean peoples coincides with the proposal of Pope Francis to stimulate global fraternity, leaving aside the “culture of walls” that ends up enslaving those who build them, enclosing themselves within their own prisons, leaving no room for the recognition of the “other”, the basis of global coexistence[3].

23. To promote the building of citizenship. The concept of citizenship has to do with the place where people are born, where they live and their right to have rights, as well as the possibility to exercise such rights anywhere in the world. Free mobility of people within a geographical space is the essence of integration in the XXI century. ¿How to understand the permanent demand to facilitate the mobility of commodities, services, capital and data in the face of all the obstacles created to prevent the mobility of people? Mobility to be born, to work, to study, to know, to choose and to be chosen, to get a pension or to die with dignity. To build Latin American citizenship, through the elimination of all barriers that make it difficult for a person to exercise its rights within the region is the biggest challenge of this century. The goal, at the end of the process is to not have migrants but citizens of the region and the world.

24. To warranty the access of information, free speech and to promote a more democratic information order. The proliferation of information has not resulted in massive and balanced access. A few years ago it was thought that platforms and social media would serve per se popular causes and the expansion of democratic participation. Reality has shown us an almost monopolic picture of huge conglomerates which have become stronger and have profited from selling personal information and have also served to amplify antidemocratic speech. This has not only contributed to expanding the gap, from an intersectional standpoint, but it has also allowed illegal interference in election processes. Today, several actors in society do not have access to information or new technologies. We must work to make communications more democratic, in a way that access to information and communications become a right, while also protecting the data of all people.

25. To strengthen convergence for integration. The Grupo de Puebla proposes a process of convergence of its current mechanisms of subregional integration[4] until reaching a scenario of articulation and dialogue in ECLAC, where there are currently all 34 countries of the region. The convergence matrix, designed by UNASUR, can be used to identify the strengths, duplicity and specialties of each organism to define the field of action of an invigorated ECLAC, empowered through a Secretary General, with technical support, which can represent the region in the face of a new multilateral systems of government. Convergence does not imply the elimination of forums, conventions or organisms of regional concertation, but a dynamic articulation of those who compose the universe of integration in Latin America and the Caribbean.

26. To support sovereign Latin American integration. The spaces for regional integration must have the following main objectives: the preservation of the region as a peace zone, the building of citizenship, the promotion of development for all, the respect for human rights, the consolidation of sovereignty and the strengthening of the regional market. Likewise, it is indispensable to boost integration in Latin America in order to allow the countries, as a group, to recover their autonomy in front of the International Monetary Fund (IMF) and the institutions of international financial capital, such as the risk rating agencies , which, under the threat of reviewing such ratings for each country, create exchange crisis and affect the sovereign decisions of economic policy. It is also necessary to prioritize human rights to obligations derived from commerce and investment treaties and to hold them accountable for social and environmental standards, preventing international arbitration procedures to violate the rights of people and nature.

27. To support the reform of the United Nations System in order to strengthen multilateralism and multipolarity. The Grupo de Puebla supports the yearned for reform of the current system of the United Nations in order to make it stronger. There are symptoms of its weakening: the lack of financing for its social subsystem (UNESCO, ILO, FAO, among others); the excessive focalization of its operations of military maintenance of peace; the social; the social conditionalities imposed by the organizations that form its economic subsystem (IMF, World Bank, WCO); and, the absence of decision making democratic systems in its political organs (General Assembly, Security Council). While supporting the necessary reform of the United Nations system, the Grupo de Puebla also reiterates its support of multilateralism as a way of global coexistence, its rejection of hegemony and the need to create a more symmetrical, fair and multipolar international order.

28. To promote knowledge revolution. The new industrialization and a new model of sustainable development will demand that knowledge becomes the source of economic, social and political change that is proposed in this document. The region must massively invest in quality public education, of all levels, so we can have an informed citizenship and the foundation for a development model based on solidarity and innovation. The Grupo de Puebla proposes to destine 2% of the GDP in 2030 to investing in science and technology. This goal is flexible and must be adapted to the particular conditions of each country in our region. We also suggest the creation of a Scientific Mission which can identify and prioritize the fields where this effort must be directed, empathizing in biological investigation, the development of social chains of value, the quality of social services, the attention of tropical diseases, the development of vaccines and other medications, the conservancy of biodiversity, the development of alternative energy sources and the protection of the forest and the water. Likewise, the Grupo de Puebla proposes all countries invest in digital inclusion, as an instrument to make education and information more dynamic.

29. To introduce a cultural agenda for all identities. Integration is born from identity. The Grupo de Puebla rejects the paradigm of just one global identity and it advocates for multiculturalism as the path to regional coexistence with otherness, which implies the recognition of others. In order to achieve respect for such diverse and inclusive identity, it is necessary to build a regional cultural agenda which revalidates roots, narratives and common values, which supports managers and cultural workers while promoting cultural industries, that not only makes this identity contents, but also makes them socially and economically productive.

30. To promote gender equality as the engine of progressive transformation. The sanitary crisis has made visible, to both governments and citizens, the grave situation of inequality and discrimination that women face, specially on ethnic communities, in the country, informal workers, elderly women, among others. The pandemic, and the sanitary measures such as confinement at home, affects women, girls and adolescents in two aspects: violence against them, which has become worse do to the mandate to stay at home with their aggressors and, in a lot of cases, they are unable to reach out for help and to seek for the justice administration. The second aspect is how the pandemic has affected their economic autonomy, since a large number of women work in the informal sector of the economy, which is currently quite affected by the sanitary crisis. Women also suffer discrimination in the workplace; limitations to their sexual and reproductive rights; the absence of recognition for the unpaid home and care work they do and the lack of access to participate in a paritary manner in the public sphere. The omission and slow response of the authorities to restitute their rights and dignity only aggravate the situation.

The elimination of all forms of invisibilizing, violence, oppression and discrimination against women, girls and adolescents cannot be postponed and, therefore, gender and human rights perspective, intersectionality and the promotion and protection of such human rights of women must be a trademark within progressiveness.

31. To fight structural racism and all forms of discrimination. As well as fighting the patriarchy, it will be indispensable to tackle structural racism and all other forms of discrimination sush as lesbophobia, homophobia, transphobia and all those related to the sexual orientarion and gender identity, which create enormous inequalities and place women and men in extreme conditions of vulnerability, violence and exclusion. The building of post-racial, post-patriarchal, deeply equial and non-discriminatory must be our main goal.

32. To achieve and preserve peace. As an expression of progressive forces, the Grupo de Puebla encourages any initiative that conducts to establish or to strengthen peace in the Latin American nations. The Grupo de Puebla rejects the use of violence in any of its forms, the encouragement of hate, foreign intervention or the promotion of war in order to impose the dominance of national or transnational power groups. In the same way, the Grupo de Puebla fosters the reallocation of the resources that States use for the production, purchase or commerce of weapons yo be destined to the health and education system. It also exhorts all governments of the region to contribute to the international prohibition to use nuclear weapons in the planer, to avoid their proliferation and to stimulate the dismantling of nuclear arsenals.

33. To support social mobilization. The Grupo de Puebla supports social mobilization as a genuine expression of nonconformity and change, which must be warranted as a right. At the same time the Grupo de Puebla expresses its worry because of the military nature of the response to social protest. Social mobilization is a right and a warranty within democratic systems, therefore, the disproportionate use of force to fight it is a grave peril to democracy.

To conclude:

It is our duty as progressive people to read, understand and fully grasp the vigorous, yet painful message of the pandemic: to stop, reflect and go on. It is urgent to work on a political project which moves and convinces the survivors of the old model that there still exist alternative and possible utopias in Latin América and the Caribbean. The possible utopia that gathers us today is the building of the new Latin American progressive being, who is more solidary on social matters, more productive on economic matters, more participative on political matters, more peaceful with nature and, overall, more proud of its condition as citizen of Latin America and the Caribbean.

February 2021

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[1] Luis Inacio Lula da Silva
[2] De Sousa Santos, Boaventura (2017). Democracia y transformación social. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
[3] Encíclica Fratelli Tutti, 2020
[4] Comunidad Andina, UNASUR, Mercosur, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Alba, Caricom, Alianza del Pacífico, Asociación de Estados del Caribe y SICA.{:}{:pt}

Como cidadãs e cidadãos democratas e progressistas, reunidos em torno da defesa dos princípios básicos da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da soberania e da justiça social, declaramos nosso acordo neste MANIFESTO PROGRESSISTA. O apresentamos como ponto de partida de um processo de construção coletiva de um projeto político alternativo para a América Latina e o Caribe. Esperamos que possa servir como referência para a formulação de propostas nacionais progressistas em nossos países.

As e os integrantes do Grupo de Puebla, por meio de seu Conselho Executivo, seu Conselho Latino-americano para a Justiça e a Democracia, seu Grupo Parlamentar e seu Centro de Pensamento Marco Aurélio Garcia consideram que:

A humanidade enfrenta o maior de seus desafios: a vida no planeta corre perigo. Neste contexto, a trágica situação sanitária desencadeada pela COVID-19 significou para a América Latina perdas irreparáveis em termos de vidas, além de agravar e aprofundar a crise econômica e social que vinha se arrastando há anos, como consequência, entre outros, de golpes brutais ou híbridos contra os governos progressistas da região. Da mesma forma, alguns governos têm defendido posições negacionistas sobre a pandemia, deixando entrever sua incompetência e negligência, prejudicando não apenas seus respectivos países, mas o conjunto da região.

A pandemia expôs as profundas desigualdades decorrentes do modelo neoliberal e que se refletem na distribuição das vacinas. Essas injustiças se observam pelas fortes assimetrias em sua produção e distribuição e das quais depende a vida de milhões de pessoas. A indústria farmacêutica concentra a possibilidade de dotação desta, impondo ao seu bel prazer as condições de venda aos países do Sul Global, afetando inclusive a iniciativa COVAX, lançada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para garantir seu acesso equitativo. Vemos com extrema preocupação a possibilidade de que países de baixa e média renda não tenham acesso aos medicamentos. A humanidade só será capaz de superar esta pandemia se invocar a solidariedade e a igualdade.

O modelo neoliberal, apoiado no financiamento do capital, promove a desigualdade extrema e a precariedade do mercado de trabalho, enfraquece o Estado de bem-estar e a democracia, solapa os direitos sociais, ameaça o meio ambiente, conduz a crises econômicas recorrentes e tornou o crescimento sustentável e a justiça social incompatíveis. Seu esgotamento e a consequente crise econômica e social gerou um crescimento da extrema direita em várias latitudes, o que coloca em risco as democracias, mesmo em países com uma trajetória democrática significativa. Este modelo incompatível com a vida deve ser substituído por outro que reivindique a solidariedade, a justiça e formas substantivas de democracia. Precisamos com urgência de um novo rumo para os povos da América Latina, Caribe e Ibero-América.

Para este objetivo é indispensável recuperar a integração, a unidade e a “concertação” política, pois, poucas vezes na história, a América Latina e o Caribe estiveram tão divididos, ao passo em que se faz urgente a unidade para enfrentar desafios complexos no curto, médio e longo prazos.

Em meio à pandemia, são muitas as ameaças contra a democracia, o Estado de Direito e a separação dos poderes e, em particular, as guerras jurídicas ou lawfare que afetam direitos básicos de lideranças do progressismo. É necessário fazer uma defesa firme da democracia em meio a uma conjuntura na qual o autoritarismo é uma possibilidade irrefutável. Frente a esse agressivo nacionalismo conservador e neofascista, deve-se responder com mais Estado Social de Direito e reivindicar o Direito Social ao Estado.

Considerando o anteriormente dito, propomos:

1. Instituir um modelo solidário de desenvolvimento.
Precisamos pôr em marcha um novo modelo solidário que garanta a consolidação da América Latina como zona de paz no mundo; assegure a continuidade e o fortalecimento de suas democracias; permita avançar na tarefa da redução das desigualdades sociais por meio de mais inclusão; contribua para a internacionalização e o crescimento estável e integral de suas economias; e torne fato permanente a plena observância dos Direitos Humanos.

Somos confrontados com a necessidade incontornável de implementar este modelo solidário que pressupõe uma estratégia de transição ecológica; que reivindica o papel da inovação, da ciência e da tecnologia e as torne prioridades dos gastos públicos; que recorre às cadeias sociais de valor como mecanismo para ser competitivos ao mesmo tempo em que se fechem as lacunas; que incorpora em seu ideário o exercício, com direitos e deveres, de uma cidadania em escala regional, especialmente em momentos nos quais as garantias aos imigrantes parecem ser questionadas e o mundo transita para novas formas de segregação.

2. Recuperar o papel fundamental do Estado.
Não se pode pensar em um futuro seguro, igualitário, livre e democrático se não se recupera um papel ativo e protagonista do Estado, desmontado e enfraquecido pelo dogma neoliberal. Não se trata de voltar a fórmulas anteriores, mas de desenvolver seu potencial de árbitro do mercado, na distribuição do bem-estar coletivo, e de recuperar a gestão pública e a garantia de acesso igualitário de bens e serviços de acesso universal que representam direitos tais como a saúde, a educação, o trabalho, a cultura, a segurança alimentar, a água potável, a habitação social, a energia, a comunicação e a informação e o conhecimento científico.

3. Estimular a responsabilidade social do mercado.
A garantia da empresa privada e seu legítimo desenvolvimento inclui a obrigação do Estado de assegurar a livre concorrência, defender o consumidor, proteger o trabalho decente e evitar práticas monopolistas e oligopólicas. Da mesma forma, favorecer processos compartilhados de inovação para garantir a qualidade dos bens sociais públicos e eliminar restrições, em função especialmente da conjuntura, à propriedade intelectual sobre bens sociais. Por conseguinte, alertamos para a possibilidade de que as patentes se tornem impedimento para o acesso à saúde como bem público.

A iniciativa privada deve ser solidária com o Estado no respeito ao cumprimento de suas metas em matéria de inclusão social, geração de emprego decente e mais participação democrática. O mercado não pode continuar sendo o paraíso de poucos e o inferno de muitos (1).

4. Assumir a saúde como um bem público global.
A pandemia demonstrou a necessidade urgente de considerar a saúde um direito de todas e todos para construir sistemas universais de saúde pública. Além disso, a crise evidenciou a necessidade de os Estados terem a capacidade de produzir vacinas, fármacos e insumos hospitalares necessários. Portanto, se requer dos Estados que garantam o direito universal à saúde pública, com acesso real e efetivo à cidadania, inclusive aos imigrantes. As políticas de saúde e de pesquisa científica, a produção e o acesso a medicamentos não podem depender de critérios associados ao mercado, mas sim das prioridades e necessidades de nossos povos.

Nessa ordem de ideias, o acesso universal à vacina contra a Covid-19 deve ser uma exigência do progressismo, que observa com preocupação a especulação na distribuição e submissão à lógica do mercado sob o regime do direito privado. O Grupo de Puebla conclama empresas, organizações e governos que hoje controlam a produção e distribuição das vacinas a destinar imediatamente 10% de seus estoques para atender, em todos os países do mundo, o pessoal médico e da saúde, que está na linha de frente do combate ao vírus, e a população idosa, bem como portadores de patologias de risco.

5. Rever privatizações e promover mais controle público e menos mercado no fornecimento de bens e serviços públicos.
Não apenas a saúde deve ser vista como um bem público. A distribuição e redistribuição exclusivamente pelo mercado impede o acesso a bens e serviços básicos para milhões de pessoas em condições de vulnerabilidade, tais como a educação, a moradia e a segurança, entre outros. Da mesma forma, a inovação, a eficiência, o bem-estar geral, a justiça social, a redistribuição da renda e da riqueza e a democracia representam ideais que só se concretizam com vontade política, mediante a ação coletiva e não por mecanismos que presumem o mercado como uma interação perfeita entre oferta e demanda.

6. Proteger a sociedade civil e o acesso equitativo às redes sociais.
Os movimentos sociais, sua organização, os protestos sociais e sua livre expressão nas redes devem ser protegidos e garantidos pelo Estado. Tal proteção será especialmente importante nos tempos atuais, tanto durante quanto no pós-pandemia, quando o descontentamento social resultante do empobrecimento, da informalização do trabalho e do desemprego aumentarem. Portanto, o descontentamento e os protestos devem encontrar canais democráticos e pacíficos para se expressar. A democracia deve ser entendida como um processo para transformar as relações sociais de desigualdade de poder em vínculos de autoridade compartilhada (2).

7. Aprofundar e consolidar democracias.
A crise econômica e social vem enfraquecendo as democracias e os sistemas de representação política em todo o mundo. Na América Latina e no Caribe, esse cenário poderia ser ainda mais crítico tendo em vista a fragilidade estrutural de nossos sistemas políticos. Defendemos reformas estruturais que fortaleçam nossas democracias, tornando-as mais participativas e inclusivas. Será necessário, portanto, envolver os segmentos excluídos, marginalizados e explorados para torná-los atores dinâmicos do processo de tomada de decisões públicas. Precisamos de sistemas de governo que fortaleçam e ressignifiquem o papel dos partidos políticos, para que estes recuperem seu caráter representativo, ao mesmo tempo em que reforcem os mecanismos de participação direta e avancem para democracias participativas e radicais.

8. Resistir e combater a guerra híbrida.
Nos últimos tempos, a região foi atacada pela chamada guerra híbrida, uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos que consiste em alterar o curso de nossas democracias. A principal estratégia desta nova forma de guerra consiste em golpes de Estado que, ao contrário do passado, não ocorrem apelando para os militares, mas sim tolhendo as faculdades dos Congressos e violando os direitos dos opositores com ações como a violação de domicílios, a repressão generalizada e a intimidação nos meios de comunicação e nas redes sociais. Tal agressão visa acomodar a América Latina na agenda geopolítica dos Estados Unidos e pode incrementar e agudizar a pobreza, a miséria e a fome. Esta nova forma de golpe foi lançada contra Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Manuel Zelaya e Evo Morales.

9. Rechaçar as guerras jurídicas (lawfare).
O Grupo de Puebla rechaça as guerras jurídicas (lawfare), que são parte da guerra híbrida e que buscam restringir os direitos de organizações, movimentos ou partidos progressistas. Esses processos que vêm sendo praticados, com o apoio dos Estados Unidos, contra líderes progressistas da região, tentam impedi-los de eleger e de serem eleitos mediante a supressão de seus direitos ao devido processo legal e à estigmatização da mídia por parte dos poderes fáticos, que deslocaram os espaços democráticos ocupados pelos partidos. As lideranças progressistas têm pleno direito de exercer seu papel com garantias de vida, liberdade, mobilidade, expressão e origens geográficas. Lembremo-nos que o poder Judiciário pertence ao povo, portanto, deve ser resgatado como um serviço público, com juízes que defendem este poder popular de postulados sectários contra as cidadãs e os cidadãos, lideranças opositoras e em benefício dos governos de turno. Nesse sentido, destacamos o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Conselho Latino-Americano para a Justiça e a Democracia (CLAJUD), criado pelo Grupo, contra a judicialização da política e a politização da justiça.

10. Defender Cuba, Nicarágua e Venezuela da agressão e ingerência de potências ou terceiros Estados.
Vários dos países da região têm sido objeto de ações que visam a desestabilização por meio da imposição de bloqueios, sanções econômicas e políticas unilaterais contrárias ao direito internacional. Essas posições anacrônicas e superadas são ainda mais graves no contexto da crise sanitária, pois afetam o acesso a insumos, medicamentos e meios para a contenção da pandemia. O Grupo de Puebla considera tais posturas agressões contra os segmentos mais vulneráveis de nossos povos, bem como uma ameaça ao processo de integração. O progressismo promove saídas alinhadas com a solução pacífica de conflitos, a não intervenção e o apoio a soluções democráticas, pacíficas e negociadas.

11. Promover uma luta efetiva contra a corrupção política.
O Grupo de Puebla entende que a luta contra a corrupção pública – e sua contrapartida privada – começa pelo resgate do conceito de serviço público e pela erradicação do Estado das práticas de mercado que converteram as decisões governamentais em leilões privados de mercadorias e serviços públicos. No caso concreto da corrupção política, propõe, como passo inicial, o financiamento estatal e integral de todas as campanhas políticas. Finalmente, neste combate à corrupção, é necessário chamar a atenção para os prejuízos gerados pelos “paraísos fiscais”, que dificultam o rastreamento dos recursos retirados das fianças públicas e impulsionam as estratégias de acumulação de capital por parte das empresas transnacionais.

12. Gerar cadeias sociais de valor. A criação de valor, por meio da reindustrialização, deve começar pelo desenvolvimento de cadeias sociais de valor de pequenas e médias empresas que atuem associando elos produtivos inclusivos e ambientalmente sustentáveis. Este projeto deve ser acompanhado por mais investimento em inovação, no desenvolvimento de infraestruturas regionais e na criação de mais facilidades logísticas em um ambiente internacional em que “vender” se tornou mais importante do que “produzir”.

13. Promover a igualdade, eliminar a pobreza, criar empregos decentes, aumentar salários e implementar políticas robustas de inclusão social e eliminação da divisão sexual do trabalho.
Devemos trabalhar na promoção ativa da igualdade social e na erradicação da pobreza, por meio da geração de trabalho decente, do reconhecimento do trabalho de assistência, do aumento dos salários-base e da implementação de políticas integrais de inclusão social centradas no novo ciclo de crescimento e em um modelo solidário de desenvolvimento.

14. Estabelecer a Renda Básica de Solidariedade.
O Grupo de Puebla propõe, como ponto de partida para enfrentar a crise social agravada pela pandemia, que levou milhões à pobreza, uma Renda Básica Solidária (RBS) de caráter temporal, pelo período em que perdurarem os efeitos econômicos e sociais da pandemia. A RBS deve complementar os programas existentes de transferência de renda. A RBS cobriria os 83 milhões de latino-americanos que permaneceram na extrema pobreza após a pandemia: 16 milhões a mais depois da pandemia e os 214 milhões já na pobreza, segundo dados da Cepal.

15. Promover a justiça fiscal.
Para recuperar o papel do Estado será necessário promover reformas tributárias progressivas, com impostos diretos e progressivos sobre a renda e a riqueza, a eliminação das isenções e a penalização da sonegação fiscal, aliviando a carga tributária sobre os mais pobres, as classes médias e as PMEs (pequenas e médias empresas). Em contrapartida, devem ser gerados mais impostos progressivos sobre as grandes empresas e atores do sistema financeiro que geram mais lucros.

De acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), como consequência da evasão fiscal, a região perde todos os anos o equivalente a 6,3% do PIB regional, de modo que a implementação de um programa desse tipo revela-se factível, sempre e quando se adaptem às distintas realidades econômicas e sociais de cada país,

É importante convocar metas fiscais para concretizar uma política econômica solidária. Fazemos eco ao apelo da Comissão Independente sobre a Reforma da Tributação nas Empresas, para que aquelas que geram mais lucros paguem um imposto de 25% para financiar a pós-pandemia.

16. Refinanciar a dívida externa e apoiar um mecanismo financeiro internacional para superar a crise.
Os países latino-americanos poderiam apoiar, quando considerado necessário e de forma voluntária, o refinanciamento da dívida externa frente aos organismos internacionais de crédito e os credores privados. Estima-se que um refinanciamento de dois anos da dívida externa regional, na hipótese de que todos os países o solicitassem, mobilizaria recursos superiores a US$ 250 bilhões, o que ajudaria a financiar a reconstrução da estrutura produtiva cujo custo foi estimado entre 10% e 12% do PIB, nos próximos anos.

Paralelamente, poderíamos apoiar um esforço financeiro internacional para a superação da crise, com a participação de organismos multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), ou bancos regionais de desenvolvimento, para acessar um programa de recursos e créditos de modo a impulsionar os investimentos e retomar o crescimento econômico regional. Esta aposta dependeria de uma negociação mundial e poderia ser amparada por uma arquitetura financeira internacional a serviço da economia real e da geração de empregos, financiada com impostos sobre a mobilidade global de capitais, como a Taxa Tobin e impostos sobre grandes empresas de plataformas digitais.

17. Recorrer a emissões diretas dos bancos centrais para os governos.
Os países europeus estão demostrando que em casos de calamidades como a que estamos atravessando, o financiamento de programas com recursos de transmissão é legítimo. O espaço deixado pelas taxas negativas de inflação e a necessidade de expandir a demanda para reativar a economia e reconstruir o tecido social justificaria plenamente este mecanismo em algumas economias latino-americanas e caribenhas. Uma ideia que deveria ser contemplada consiste na eliminação da regra fiscal e que sejam diretamente os governos, e não a banca privada, a administrarem os recursos para a recuperação.

18. Estabelecer uma nova política econômica solidária.
A política social não pode estar subordinada às prioridades de curto prazo da economia. A região exige uma política econômica anticíclica, generosa em tempos de escassez, submetida a prioridades sociais em matéria de emprego e igualdade, sustentada fiscalmente por impostos progressivos e com controle soberano das entradas e saídas de capitais internacionais. Os governos progressistas, na virada do século, demonstraram que a estabilidade macroeconômica pode ser alcançada sem sacrificar metas de crescimento e de inclusão social.

19. Gerar emprego e desenvolvimento ao mesmo tempo em que se garanta a estabilidade macroeconômica e o rechaço à austeridade.
As políticas ortodoxas de austeridade causam enormes danos às nossas economias e sociedades, especialmente em um ambiente de contração econômica, estagnação do comércio mundial e esgotamento do investimento privado. Consideramos que é obrigação do Estado garantir uma política macroeconômica que combine o controle da inflação, a geração de empregos decentes e a promoção do desenvolvimento sustentável. Em muitos casos, isso implicará a modificação das metas da política monetária por parte de bancos centrais com uma autonomia que dependa da proteção do interesse geral e coletivo.

20. Instituir uma nova arquitetura financeira regional.
O Modelo Solidário de Desenvolvimento (MSD) poderia apoiar-se em uma nova arquitetura financeira regional capaz de garantir sua independência. Esta estrutura seria composta por uma rede de bancos regionais que atenderia os financiamentos setoriais e o ressurgimento da ideia do Banco do Sul. Uma expansão do atual Fundo de Reserva da América Latina (FLAR) é necessária para financiar a balança de pagamentos. A região deve se libertar das condicionalidades do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Para operações financeiras de infraestrutura e projetos de desenvolvimento tecnológico seriam buscadas alianças temporárias com bancos internacionais, especialmente de países do Sul Global, como os organismos que atendem os Brics e as agências financeiras asiáticas, que já demonstraram interesse em apoiar investimentos na América Latina e no Caribe. O cenário da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) poderia ser aproveitado para promover acordos de pagamento em moedas nacionais ou fortalecer os mecanismos existentes.

21. Implementar uma nova industrialização e a transição verde.
Em termos de geração de empregos, deve-se buscar um novo modelo de desenvolvimento baseado na substituição da atividade extrativista por uma nova industrialização sob os parâmetros da sustentabilidade ambiental e em chave de transição ecológica. De igual modo, devemos trabalhar em uma reforma rural integral que garanta o acesso à terra para as camponesas e camponeses, apoiando a agricultura familiar e camponesa, promovendo uma agricultura de baixo carbono voltada à produção de alimentos saudáveis e compatíveis com o meio ambiente, com critérios de aumento da produtividade baseada nas novas tecnologias da informação e das comunicações. Isso implica um apoio mais amplo às demandas do ambientalismo em sua luta contra os transgênicos, na defesa da biodiversidade e na proteção de reservas ecológicas seriamente ameaçadas.

22. Incluir o buen vivir ou o vivir bien como paradigma.
Voltando aos ensinamentos dos povos originários, o conceito de sumak kawsay (bem viver) ou suma qamaña (viver bem) deve ser adotado como um marco de referência para a melhoria da qualidade de vida no âmbito de uma fraternidade histórica, cultural e espiritual. Essa noção dos povos originários andinos coincide com a proposta do Papa Francisco de estimular a fraternidade global, deixando de lado a “cultura dos muros” que acaba escravizando quem os constrói fechando-se em seus próprios cárceres, se deixar lugar para o reconhecimento do “outro”, base da convivência global (3).

23. Promover a construção da cidadania.
O conceito de cidadania tem a ver com o lugar onde se nasce e se vive e o direito a ter direitos, bem como a possibilidade de exercê-los em qualquer parte do mundo. A livre mobilidade das pessoas em um espaço geográfico é a essência da integração no século XXI. Como entender a exigência permanente para facilitar a mobilidade de mercadorias, serviços, capitais e dados diante dos obstáculos colocados para impedir a mobilidade das pessoas? Mobilidade para nascer, trabalhar, estudar, conhecer, eleger, ser eleita ou eleito, aposentar-se ou morrer dignamente. A construção da cidadania latino-americana, por meio da eliminação de todas as barreiras que dificultam o exercício de seus direitos na região, constitui o desafio mais importante do século XXI. A meta é que, ao final do processo, não existam imigrantes, mas cidadãos da região e do mundo.

24. Garantir o acesso à informação, a liberdade de expressão e promover uma ordem de informação mais democrática.
A proliferação de informações não resultou em um acesso massivo e equilibrado. Há alguns anos, pensava-se que as plataformas e as redes sociais serviriam por si sós a causas populares e à ampliação da participação democrática. A realidade mostra-nos um quadro quase monopolista de grandes conglomerados cuja chegada fortalece seus modelos de negócios baseados na obtenção e venda de dados pessoais e perfis e na facilitação de discursos antidemocráticos. Isso não apenas ampliou as brechas a partir de uma perspectiva intersetorial, como também permitiu interferências ilegais nos processos eleitorais. Hoje, amplos setores da sociedade estão privados de acesso à informação e às novas tecnologias. Devemos trabalhar para democratizar as comunicações de modo tal que o acesso à informação e às novas tecnologias da informação e da comunicação seja garantido como direito, e que os dados de todos sejam protegidos.

25. Fortalecer a convergência para a integração.
O Grupo de Puebla propõe um processo de convergência de seus atuais mecanismos de integração sub-regional (4) até chegar a um cenário de articulação e diálogo na Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), onde estão presentes hoje 34 países da região. A partir da matriz de convergência, desenhada pela União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), se identificam as potencialidades, duplicidades e especialidades de cada organismo para definir o campo de atuação de uma CELAC revigorada, empoderada por meio de uma Secretaria-Geral, com respaldo técnico, representando a região frente a um sistema multilateral de governo. A convergência não pressupõe a eliminação de fóruns, convenções ou organismos de coordenação regional, mas sim uma articulação dinâmica daqueles que compõem o universo da integração na América Latina e no Caribe.

26. Promover a integração latino-americana soberana.
Os espaços de integração regional devem ter como objetivos principais a preservação da região como zona de paz, a construção da cidadania, a promoção do desenvolvimento comum, a vigência dos Direitos Humanos, a consolidação da soberania e o fortalecimento do mercado regional. Da mesma forma, é indispensável dar novo impulso à integração latino-americana para que, em conjunto, os países da região recuperem a autonomia frente ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e às instituições do capital financeiro internacional, como as agências de classificação de risco, as quais, sob ameaça de revisão da avaliação por país, provocam crises cambiais e comprometem a atuação soberana da política econômica. É necessário, igualmente, priorizar os Direitos Humanos diante das obrigações derivadas dos tratados de comércio e investimento e vinculá-los ao respeito às normas sociais e ambientais, evitando que os processos de arbitragem internacional violem os direitos das pessoas, dos povos e da natureza.

27. Apoiar a reforma do sistema das Nações Unidas para fortalecer o multilateralismo e a multipolaridade.
O Grupo de Puebla apoia a reforma há muito esperada do sistema vigente das Nações Unidas para fortalecê-la. São sintomas de seu enfraquecimento: a falta de financiamento de seu subsistema social (Unesco, OIT, FAO, entre outros); a excessiva focalização de suas operações militares de manutenção da paz; as condicionalidades sociais impostas pelos organismos que conformam seu subsistema econômico (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio); e a ausência de sistemas democráticos de tomada de decisão em seus órgãos políticos (Assembleia Geral e Conselho de Segurança). Ao apoiar a necessária reforma do sistema das Nações Unidas, o Grupo de Puebla também reitera seu apoio ao multilateralismo como fórmula de convivência global, seu rechaço às hegemonias e a necessidade de se criar uma ordem internacional mais simétrica, justa e multipolar.

28. Promover a revolução do conhecimento.
A nova industrialização e um novo modelo de desenvolvimento sustentável exigirão que o conhecimento se torne fonte das mudanças econômicas, sociais e políticas aqui propostas. A região deve investir maciçamente em educação pública de qualidade em todos os níveis, de tal forma que possa contar com uma cidadania informada como fundamento para um modelo de desenvolvimento que se baseie na solidariedade e na inovação. O Grupo de Puebla se propõe a levar o investimento em ciência e tecnologia a 2% do PIB em 2030, uma meta flexível e adaptada às distintas condições dos países de nossa região. Da mesma forma, sugerimos a composição de uma Missão Científica que identifique e priorize os campos para os quais este esforço deve ser direcionado, enfatizando a pesquisa biológica, o desenvolvimento de cadeias sociais de valor, a qualidade dos serviços sociais, o cuidado das doenças tropicais, o desenvolvimento de vacinas e medicamentos, a conservação da biodiversidade, o desenvolvimento de energias alternativas e a proteção de florestas e águas. O Grupo de Puebla também propõe que os países façam investimentos significativos na inclusão digital, como instrumento para dinamizar o fomento à educação e à difusão da informação.

29. Apresentar uma agenda cultural para as identidades.
A integração nasce da identidade. O Grupo de Puebla rejeita o paradigma de uma cultura única e global e defende o multiculturalismo como caminho para uma convivência regional com a alteridade que implica o reconhecimento do outro. Para o respeito dessa identidade diversa e inclusiva é necessário construir uma agenda cultural regional que revalide raízes, narrativas e valores comuns, apoie gestores e trabalhadores culturais e promova as indústrias culturais que, além de explicitarem tais conteúdos identitários, os tornem social e economicamente produtivos.

30. Promover a igualdade de gênero como motor de transformação progressista.
A crise sanitária tornou visíveis, aos governos e à cidadania, as graves situações de desigualdade e discriminação vividas pelas mulheres, especialmente as de comunidades étnicas, camponesas, trabalhadoras informais e idosas, entre outras. A pandemia, as medidas sanitárias como o confinamento domiciliar, atingem as mulheres, crianças e adolescentes em dois aspectos: a violência, que foi agravada pela necessidade de conviver com os agressores e pela impossibilidade, em muitos casos, de pedir ajuda e dirigir-se às instâncias da administração e da justiça. E, em segundo lugar, pelo impacto sobre sua autonomia econômica, uma vez que muitas mulheres integram o setor informal da economia fortemente afetado pela crise de saúde. Soma-se a isso a discriminação no trabalho; a limitação dos direitos sexuais e reprodutivos; a falta de reconhecimento pelo trabalho doméstico e de cuidado não remunerado que desempenham, e a falta de acesso e participação paritária na esfera pública. A omissão e lentidão de reação das autoridades para restituir seus direitos e dignidade agravam a situação.

A eliminação de todas as formas de invisibilidade, violência, opressão e discriminação contra mulheres, meninas e adolescentes deve ser um compromisso inadiável. E é justamente por isso, que a perspectiva de gênero e de Direitos Humanos, a interseccionalidade e a promoção e proteção dos os Direitos Humanos das mulheres devem ser uma marca do progressismo.

31. Combater o racismo estrutural e todas as formas de discriminação.
Além de lutar contra o patriarcado, será fundamental combater o racismo estrutural e todas as outras formas de discriminação, como a lesbofobia, homofobia, transfobia e todas as relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero, que criam enormes desigualdades e colocam mulheres e homens em condições extremas de vulnerabilidade, violência e exclusão. Nosso objetivo deve ser a construção de sociedades pós-raciais, pós-patriarcais, profundamente igualitárias e não discriminatórias.

32. Alcançar e preservar a Paz.
Como expressão de forças progressistas, o Grupo de Puebla incentiva toda iniciativa que leve ao estabelecimento ou fortalecimento da paz nas nações latino-americanas, no continente e no mundo. Rechaça o uso da violência em qualquer de suas formas, o incitamento ao ódio, a intervenção estrangeira ou a promoção da guerra para impor o domínio de grupos de poder nacionais ou transnacionais. Incentiva igualmente a reorientação dos recursos hoje utilizados pelos Estados para a produção, compra ou comercialização de armas, destinando-os ao sistema de saúde e educação. Da mesma forma, insta todos os governos da região a contribuírem para a proibição internacional do uso de armas nucleares no planeta, evitando sua proliferação, bem como para estimular o desmantelamento de arsenais nucleares.

33. Apoiar a mobilização social.
O Grupo de Puebla respalda as mobilizações sociais como expressão genuína de inconformidade e mudança que devem ser garantidas como direito. Por sua vez, o Grupo expressa sua preocupação com a militarização das respostas aos protestos sociais. A mobilização social é um direito e uma garantia inscrita nos sistemas democráticos, ao quem, o uso desproporcional da força para combatê-la constitui uma grave ameaça à democracia.

Finalmente:

Nosso dever, como progressistas, consiste em ler, entender e compreender a vigorosa, ainda que dolorosa mensagem de parar, refletir e seguir em frente que nos deixa a pandemia. Somos instados a trabalhar em um projeto político que comova e convença os sobreviventes do velho modelo de que ainda existem na América Latina e no Caribe utopias alternativas possíveis. A utopia possível que hoje nos reúne é a construção do novo ser progressista latino-americano: mais solidário no social, mais produtivo no econômico, mais participativo no político, mais pacífico com a natureza, e, acima de tudo, mais orgulhoso do seu estatuto de cidadã e cidadão da América Latina e do Caribe.

Fevereiro de 2021
Notas
(1) Luiz Inácio Lula da Silva
(2) De Sousa Santos, Boaventura (2017). Democracia y transformación social. Bogotá: Siglo del Hombre Editores
(3) Encíclica Fratelli Tutti, 2020
(4) Comunidad Andina, Unasur, Mercosur, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Alba, Caricom, Alianza del Pacífico, Asociación de Estados del Caribe y SICA.
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