Marco Enríquez-Ominami y Camilo Lagos
Hace algunos días, miles de personas, jóvenes y familias completas, volvieron, como cada año, a marchar de manera pacífica y festiva, exigiendo una nueva política de drogas.
Bajo el lema de este año: “No más daños”, Movimental, agrupación ciudadana que viene organizando durante los últimos 10 años la marcha “Cultiva tus Derechos”, volvió a movilizar a miles de personas que exigen una nueva política de drogas, multidimensional, que termine con la criminalización del consumo de marihuana, despenalizando su autocultivo, porte y consumo, que regule asociaciones de usuarios, que normalice su uso terapéutico, entre otras medidas.
Cabe recordar que nuestra actual legislación si bien no tipifica como delito el consumo privado de marihuana (ni de ninguna droga), sí tipifica como falta o delito toda forma de proveerse de ella, ya sea mediante el comercio o el autocultivo. A lo anterior, y a partir de la Ley 20.000 promulgada bajo el gobierno de Ricardo Lagos, que tipificó la figura de microtráfico, el solo porte de mínimas sustancias de marihuana, es causal suficiente para la detención y procesamiento de quien sea sorprendido portando cantidades para su consumo personal. La irracionalidad de esta situación se ve agravada aún más cuando, a partir del 2008, la marihuana pasó, de forma inexplicada, a ser parte de la lista 1, igualándola a la heroína o cocaína.
El resultado, cada día son más las personas que son detenidas y/o procesadas por porte, consumo o autocultivo de cannabis, despilfarrando miles de recursos que podrían ser orientados a la persecución de las bandas de narcotraficantes, que son el real peligro en nuestra sociedad.
Hay consenso en todos los sectores, incluso en los que marcharon este fin de semana, en la necesidad de enfrentar con dureza al narcotráfico, de modo de impedir que se establezcan en nuestro país las terribles mafias que hacen estragos en otras sociedades. También hay consenso en que las drogas no son inocuas, todas tienen un potencial de riesgo, todas, desde el café, pasando por el alcohol y el tabaco, y claramente aquellas consideradas como duras en nuestra legislación. No obstante, hay también un consenso, creciente en el mundo, en que el objetivo de disminuir el tráfico y el consumo de drogas no se logrará mediante la lógica de “guerra” y la del “prohibicionismo”.
No se logra porque la lógica prohibicionista, lejos de debilitar el narcotráfico, ha hecho del negocio de las drogas algo extremadamente rentable. Es como si cada peso gastado en la “guerra a las drogas” multiplicara las utilidades de entrar al negocio negro de ellas. En segundo lugar, porque en la lógica prohibicionista resulta arbitraria y muchas veces subjetiva la definición legal o no legal de un conjunto de sustancias psicotrópicas. El alcohol y tabaco, ambas drogas que producen miles y miles de muertes cada año, perfectamente pueden ser consideradas legales (y lo son en la mayoría de nuestros países), e incluso consideradas como productos altamente atractivos desde el punto de vista del marketing (sponsors de eventos deportivos), mientras que drogas como la cannabis o marihuana, plantas naturales que pueden crecer en el patio de su casa, y que incluso llegan a tener efectos positivos en el tratamiento de algunas enfermedades, son consideras ilegales y objeto de persecución legal y policial.
Los miles de jóvenes y no tan jóvenes que marcharon por las calles de Santiago, y los miles que en regiones lo han hecho durante este mes, exigiendo una nueva política de drogas, deben ser un llamado de atención a las actuales autoridades para pasar a la acción, y revertir la lógica prohibicionista y persecutoria que ha caracterizado a la política pública en materia de drogas en nuestro país. Porque son esos miles, principalmente jóvenes y mujeres de sectores populares, los que por portar marihuana o cultivar plantas en sus casas llenan las cárceles cada año (más de 50.000, en promedio en la última década), sometidos a una lógica judicial absurda (deben ellos probar su inocencia con respecto al tráfico), a una estigmatización social al ser considerados parias sociales y, por sobre todo, expuestos al narcotráfico, con las consecuencias obvias de seguridad y acceso a sustancias más peligrosas y de mayor impacto sobre la salud de las personas.
Hoy, la Presidenta Bachelet tiene la oportunidad de hacer un giro. De escuchar a los usuarios, de avanzar en el respeto de los derechos y libertades de las personas. En la seguridad de nuestras comunidades. En la protección de nuestra juventud. En la generación de una normativa que de manera eficiente apunte al narcotráfico, y no a la persecución de los usuarios. Esperamos que actúe con prontitud. Sólo este primer trimestre, 9.000 jóvenes usuarios fueron detenidos y/o procesados por Ley 20.000. Un primer paso es que la Presidenta firme el decreto que saque a la cannabis de la lista 1, revirtiendo una medida incomprensible que se tomó en su anterior administración. Un segundo paso, una revisión a la Ley 20.000, y el diseño de una nueva política de drogas que aborde una nueva mirada en esta materia. Como lo venimos diciendo desde el 2009, los progresistas estamos disponibles para este debate.
Fuente: elmostrador.cl