Por Marco Enríquez-Ominami, Presidente de Fundación Progresa
Por Comisión Desarrollo Rural de Fundación Progresa
196 de las 346 comunas están (por lo menos hasta hace un par semanas atrás) en estado de emergencia agrícola a causa de la sequía. Esto, en términos porcentuales, corresponde al 56% de todas las comunas del país. Un número que al parecer, ni a las autoridades del país, ni a la mayor parte de la población, especialmente aquella alejada de las zonas afectadas, pareciera importarle de sobre manera.
La sequía, en propias palabras de la presidenta, ha llegado y para quedarse. Ya no corresponde a un fenómeno esporádico, sino que es una realidad. Bajo este concepto, la declaración de comunas de emergencia agrícola ya no se corresponde como mecanismo válido de acción, sino que requiere de respuestas y mecanismos institucionales pertinentes a este nuevo escenario, que aborden el problema de forma integral y con una visión de mediano – largo plazo. Pero, en estos momentos cabe preguntarse: ¿qué significa una emergencia agrícola? ¿mayores recursos y de mayor rapidez para disponer de ellos?; ¿qué tipo de recursos?. Bonos agrícolas por 200 mil pesos, forraje para ganado, facilidades de pago, entre los más destacados, es decir, respuestas absolutamente reactivas y que han sido las mismas por años, de mirada cortoplacista, sin mayor trascendencia en el tiempo ni impacto sobre las causales de esta crisis que afecta la gestión de los recursos hídricos. Una vez más el Estado entrega respuestas homogéneas para un país que es tremendamente heterogéneo.
Esta diversidad territorial queda de manifiesto al percibir grandes sequías, las cuales se combinan con episodios de fuertes inundaciones que ocurren con la llegada de las lluvias que tanto anhelamos. Estos eventos han sido explicados y repetidos hasta el cansancio: somos un país que vive cambios importantes de carácter climáticos, con lluvias aumentadas en cantidad por periodos más cortos de tiempo y a la vez con presencia de un aumento en las temperaturas en casi todo el territorio. A pesar de este conocimiento, aún seguimos lamentando una especie de mala suerte nuestra, culpando a la gran cantidad de “desastres naturales” que nos azotan, casi como si fuesen un castigo divino: pobre país.
Basta de mentirnos y engañarnos. Somos un territorio que está en presencia de importantes eventos naturales, con un cambio climático declarado hace varios años y que requiere un entendimiento del problema y planificación posterior acorde a los nuevos tiempos. Los desastres no son naturales, son socio-políticos, y requieren respuestas que incorporen variables distintas y más complejas a las que utilizamos actualmente.
El estudio del Banco Mundial sobre la institucionalidad nacional hídrica, es contundente. En Chile existen más de 40 instituciones involucradas en la gestión del agua. A su vez, son 103 las funciones que están ligadas a dichas instituciones. Haga el ejercicio e imagine la coordinación entre ellas para solucionar la crisis que vive la provincia de Petorca hace ya varios años, imagínelas coordinadas en terreno! Una locura.
El agua debe ser de todos/as los/as chilenos/as, que garantice un enfoque de derecho humano al acceso de los ciudadanos al recurso. Hoy en día la privatización del recurso es uno de los impedimentos esenciales para superar esta profunda crisis hídrica que el país viene viviendo hace más de una década. Debido a la gestión privada y la presión de mercado existente sobre el recurso hídrico, sumado a la ineficiencia de los organismos públicos responsables, hoy no existe una mayor certeza sobre el agua disponible por cuencas y su comportamiento en el tiempo-espacio. El desarrollo de variados estudios pilotos respecto a la modelación de cuencas y balances hidrológicos (oferta y demanda por cuenca) ayuda a un mejor entendimiento, sin embargo, si no existe un mandato político mayor que indique un desarrollo de política respecto a la determinación del agua disponible a nivel país y sus territorios, la planificación territorial y las consecuentes tomas de decisiones seguirán yendo en un sentido equivocado.
En este escenario, la descentralización de la gestión del recurso hídrico se hace imperiosa, fomentando la gestión comunitaria del agua, de forma equitativa y justa, alejada de la “mano invisible” del mercado, que tanto daño e injusticia socio-ambiental ha generado hasta hoy. Mientras esto no suceda, es imposible pensar en que el Estado sea el ente que planifique su gestión, garantizando equidad y racionamiento en su uso. Para el Estado la planificación es prácticamente imposible sobre lo que no le pertenece.
Un ejemplo de lo anterior es el tratamiento dado a los subsidios de riego. Es difícil entender porque el Estado no realiza un gran programa de tecnificación para el uso eficiente del agua. Si bien para estos efectos existe la ley 18450 de la comisión nacional de riego (CNR), es sabido que a lo largo de su implementación los mayores beneficiados han sido el mediano y gran productor, ajustando sus beneficios a la nefasta política de Chile potencia agroalimentaria y forestal, la cual favorece la exportación a cargo de los mismos de siempre. No se puede no recordar a un dirigente de una organización campesina nacional clamando por “ver los letreros de beneficio de esta ley, pero en los predios de la pequeña agricultura campesina”, y no en aquellos con sello de exportación. Un dato, la pequeña agricultura significa un poco más del 50% de todo el abastecimiento de alimentos del mercado nacional, y lo hacen solo con el 10% de la superficie nacional. ¿dónde está el resto de las tierras? Produciendo para irse en representación del Chile exportador.
La situación hídrica en el sector agropecuario es grave, mucho más de lo que todos creemos. Más de medio millar de personas en el país están siendo abastecidos gracias a camiones aljibes. Miles de hectáreas de producción están siendo arrancadas o simplemente dejadas de lado, generando desiertos alimentarios en las grandes ciudades urbanas. Alimentos que no logran una calidad adecuada le reportan al campesino un pago miserable, pero que el vendedor final, al especular, sube el precio de forma desvergonzada, perjudicando al productor y consumidor final (sí, usted!). De esta forma el que gana es siempre el mismo…o los mismos, usted y yo no.