En octubre 2008, el Gobierno de Michelle Bachelet introduzco un Proyecto del Ley tendiente a desarrollar e implementar la Televisión Digital Terrestre (TDT) en nuestro país. Aprobado en abril pasado, el Proyecto inició su proceso de tramitación en el Senado, lo cual supone discutir las más de 500 indicaciones formuladas durante su tramitación en la Cámara de Diputados.
Lamentablemente, la denominada Ley de Televisión Digital no ha sido objeto de una discusión integral, incluyente e informada, en la cual se analice el rol de la televisión pública en la construcción y difusión de nuestra identidad nacional. Lo anterior resulta particularmente grave considerando las demandas sociales y ciudadanas, expresadas a lo largo de este año, que reflejan la necesidad imperiosas de mejorar los niveles de participación ciudadana en las decisiones de este tipo, al mismo tiempo que la creciente y sostenida demanda por un Estado garante de derechos básicos como la Educación pero también el derecho a la información y libertad de expresión.
El elemento fundamental de la Televisión Digital no dice relación con los aspectos técnicos y visuales de esta plataforma, sino con el crecimiento del ancho de banda, el cual debiese permitir la incorporación de nuevos actores en un mercado que se caracteriza por elevados niveles de concentración. En efecto, el tránsito entre la Televisión Analógica y la Televisión Digital Terrestre constituye una oportunidad única para ampliar y mejorar la oferta programática televisiva en Chile.
Siendo el espectro radioeléctrico un bien público limitado, es responsabilidad del Estado fomentar el desarrollo de canales alternativos, educativos, innovadores, comunitarios, regionales, universitarios y municipales, de manera de reducir la desigualdad de acceso a la información junto con fomentar la libertad de expresión.
Sin embargo, el Proyecto de Ley refleja, una vez más, la ausencia de regulación del Estado en un ámbito fundamental para garantizar el buen funcionamiento de nuestra democracia. El Estado debiese velar por el desarrollo de medios televisivos regionales, que den cuenta de las diversas realidades locales, fomentando de paso el desarrollo económico y social de cada región. No cabe duda que la profunda centralización del mercado televisivo chileno significa, entre otros, que la realidad nacional se construye sobre la base de una imagen país que refleja mayoritariamente la problemática de la Región Metropolitana. Lo anterior no hace más que reforzar el centralismo y la percepción según la cual la capital concentra gran parte de las oportunidades y capacidades económicas del país, junto con sus expresiones culturales.
El mercado televisivo no es un mercado cualquiera. En el se construyen realidades muchas veces sesgadas que responden a intereses políticos, económicos y sociales definidos. No fue un accidente que durante los momentos más álgidos del denominado “conflicto” estudiantil, los principales canales televisivos hayan iniciado sus noticieros centrales, de manera sistemática, con el relato de los desmanes producidos por una minoría violenta y ciertamente preocupante, pero que en ningún caso reflejaba el fondo del debate, esto es el rol que debiese cumplir el Estado en materia de Educación, entiéndase por ello garantizar su acceso, calidad y equidad.
Una vez más, todo indica que la discusión de fondo está siendo obviada, centrándose en consideraciones de índole tecnológicas que favorecen el mercado electrónico y los clásicos operadores nacionales.
Entre los elementos preocupantes del Proyecto de Ley en tramitación destaca el hecho de que este no considera la existencia de un servicio público de transmisión de señales, es decir un transportador que permita el arriendo de espacios tanto a los actuales operadores como a nuevos concesionarios privados. De esta forma, el acceso a señales por parte de canales alternativos, regionales u otros, que no tengan el capital necesario para instalar redes de transmisión, dependerá de los conglomerados deseosos de controlar la competencias y los canales “más pequeños”, perdiendo estos últimos parte de su autonomía a la hora de definir su oferta televisiva.
Por otra parte, la promesa de reservar el 40% del espectro radioeléctrico a la transmisión de televisión educativa, cultural, regional y comunitaria, se ve amenazada puesto que el proyecto permite que el CNTV reduzca esta reserva a un 30%. Peor aún, este 40% se aplicará al espectro radioeléctrico restante, una vez finalizada la migración de los actuales operadores a la TDT, por lo que no existe claridad sobre su tamaño real, ya que el Gobierno no ha transparentado el tamaño del ancho de banda.
En ese contexto, el rol de los Parlamentarios, particularmente los de la oposición, en la tramitación de la Ley de TV Digital, es fundamental ya que en esta se juega el rol del Estado en cuanto a fomentar y garantizar la proliferación de canales innovadores, alternativos, regionales, comunitarios y otros, que den cuenta de la diversidad geográfica, económica, cultura, etaria y social de nuestro país.
En ese sentido, resultaría inaceptable que, siguiendo el ejemplo de la Ley de Presupuesto, los parlamentarios de la oposición se abstengan de votar renunciando a la responsabilidad que les compete, en este caso defender la posibilidad de un mercado televisivo más democrático y representativo de nuestra sociedad.